Respecto del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Transportes de la
Cámara de Diputados, conocido como “Dicom del Transantiago”, el Frente Amplio se hace eco de la denuncia
hecha por las organizaciones sin fines de lucro Derechos Digitales y Datos Protegidos, por el Consejo para
la Transparencia, por distintos expertos y por destacados miembros de la academia y de la sociedad civil en
el sentido de que es incompatible con la protección de los derechos humanos, especialmente de los sectores
más pobres de la población. Este proyecto ya fue aprobado en comisión del Senado por 21 senadores en
marzo de este año.
Se trata de un proyecto de ley que busca establecer un castigo social que viene a sumarse a la imposibilidad
de obtener documentos o certificados que se relacionen con temas de transporte, retención de impuestos y
al elevado castigo monetario que ya se encuentra en rigor, con multas que pueden superar los 60.000 pesos,
además de pena de cárcel por no pago de la multa.
Con este proyecto de ley, se consolida una visión criminalizadora, estigmatizadora, represiva y discriminadora
de un problema social: la evasión del pago de pasaje en el Transantiago. Si nos ocupáramos de las
causas, encontraríamos en que se trata de uno de los sistemas de transporte público de pasajeros más caros
del mundo, que permite que haya chilenos que deban gastar hasta un 40% de su sueldo en desplazarse por
la capital, un sistema que ha multiplicado sus precios hasta 15 veces desde la década de 1990, un sistema
que, además, subsidia fuertemente la rentabilidad de sus operadores privados, quienes prestan un servicio
claramente deficiente.
Además, el Registro Civil y de Identificación ya cuenta con un registro de evasores. Este registro es de acceso
restringido. Lo que busca el proyecto de ley es hacer que este registro sea de acceso público, para que pueda
ser consultado por eventuales empleadores o entidades financieras.
El nuevo registro público pasaría a ser una verdadera “lista negra” que pretende imponer una sanción social
precisamente a las capas más pobres de la sociedad capitalina, una sanción claramente desproporcionada
en vista de los recientes casos de corrupción que han afectado a las altas esferas de la sociedad y que han
resultado, en la mayoría de los casos, impunes o con sanciones irrisorias.
Cabe señalar que una sanción que apunta a restringir las posibilidades de acceso al trabajo de las capas
sociales más bajas está completamente desalineada de la búsqueda por disminuir la desigualdad económica
y social.
El Frente Amplio rechaza este proyecto de ley e invita al Gobierno y al Parlamento a comprometerse con una
mejora significativa del servicio prestado por Transantiago empezando por entregar a Metro S.A. la administración
del sistema, como medida de largo plazo.
Por último, el Frente Amplio llama a los diputados miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes
y Telecomunicaciones, que tienen el mandato de proteger los derechos humanos, especialmente de los más
desfavorecidos, a rechazar la creación de un registro público de evasores que resulta clasista, discriminador.
Fuente: Frente Amplio.