Establecer un sistema ágil de distribución de causas en los juzgados civiles de aquellos lugares donde no hay asiento de la Corte de Apelaciones, es el objetivo principal de la moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales en esa materia y que fue aprobada en general por la Comisión de Constitución del Senado.
La iniciativa está originada en una moción de los senadores Alfonso de Urresti, Isabel Allende, Pedro Araya, Felipe Harboe y Rabindranath Quinteros.
Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe, actualmente el sistema de distribución de causas hace una distinción en materia civil: en las comunas donde hay asiento de la Corte de Apelaciones y en comunas donde no las hay.
“Donde hay Corte de Apelaciones es ésta la que recibe la demanda de los ciudadanos y la distribuye mediante un sistema informático en diferentes juzgados civiles. Donde no hay Corte de Apelaciones, se realiza la determinación a través del tribunal de turno. El tema es que se ha prestado para casos donde los abogados eligen el turno en función de algún grado de conocimiento que tengan de algún funcionario. Para evitar eso se nos ha propuesto que en las comunas donde no hay asiento de Corte se termine con el turno y el primer juzgado de letras de esa comuna cumpla las veces de Corte de Apelaciones y haga un sistema informático de distribución de causas al zar, con lo cual daríamos mucha más certeza jurídica y además avanza en la modernización”, explicó.
El senador señaló que el doctor en derecho procesal, Oscar Silva, propuso que para evitar una sobrecarga en el primer juzgado de letras de cada comuna, se incorporara un auto acordado de la Corte Suprema que involucra la posibilidad de presentar demandas de carácter electrónico “con lo cual vamos a ir modernizando la justicia para que sea más rápida y más ágil”, precisó.
SANCIONES POR COLUSIÓN
Asimismo, la Comisión de Constitución continuó con el estudio en particular del proyecto que sanciona penalmente la colusión. Al respecto, el senador Felipe Harboe explicó que el Ministerio Público entregó una propuesta sobre la materia.
“El Ministerio Público nos trajo una propuesta, la analizamos y planteamos algunas observaciones. Yo plantee la necesidad de incorporar el criterio de la indemnización porque muchas veces las multas que se establecen en materia de colusión son a beneficio fiscal, pero qué pasa con los defraudados por este acuerdo de precios que han realizado los autores del delito de colusión”, indicó.
Agregó que “conversamos también sobre la necesidad de buscar mecanismos para que las multas no tengan un techo, porque siempre el techo de la multa va a ser menor que el beneficio que obtienen de la colusión, entonces propuse una alternativa que sea un porcentaje, el duplo, el triple o el cuádruple de la ganancia que obtengan por concepto de colusión”.
Otros elementos que de discutieron en la Comisión son la necesidad de establecer con mayor precisión la eximente de responsabilidad penal para aquellas personas que en el procedimiento iniciado por la Fiscalía Nacional Económica hayan realizado una delación compensada que haya servido de base para desbaratar un cartel colusivo. “No me parece adecuado que si allá delataron y se acogieron a un beneficio de protección, ahora el Ministerio Público los pueda formalizar o condenar. No habría incentivo”, puntualizó.
El senador precisó que hay aspectos pendientes de analizar, razón por la cual invitaron al abogado Héctor Hernández y solicitaron la opinión de los centros de libre competencia de la PUC y de la Universidad de Chile.
Fuente: Prensa Senado