Dos hechos recientes han tensionado la discusión pública en materia penal y
obligan a revisar la capacidad del sistema para intervenir antes de que la violencia
alcance niveles irreversibles. El homicidio de una inspectora en el Instituto Obispo
Silva Lezaeta de Calama, a manos de un estudiante de 18 años, y el caso de una
mujer retenida y agredida durante meses en Las Condes, aunque muy diferentes en
su naturaleza, comparten que en ambos hubo señales previas y no existió una
intervención eficaz y oportuna.
El sistema penal no previene, sanciona. Llega cuando el daño ya está consumado.
Por eso, insistir solo en aumentar las penas es insuficiente. En el caso de Calama,
cabe preguntarse por las alertas que no se activaron y por el debilitamiento de
herramientas de control en los establecimientos. En Las Condes, por la ausencia de
detección frente a una violencia prolongada en aislamiento.
De todas maneras, el desafío transversal es fortalecer la prevención, mejorar de
verdad la coordinación institucional y robustecer los mecanismos de protección.
También supone recuperar una noción básica: la autoridad bien entendida es
condición para garantizar derechos. De lo contrario, el sistema penal seguirá
llegando tarde, y el costo -como ya se ha visto- puede ser irreparable.
Sabas Chahuán
Exfiscal nacional y socio del área penal del GrupoDefensa.cl
Fuente: wearesimplicity.