Por Maximiliano Vial, y Pedro Carvallo, académicos de la Universidad del Alba.
No han faltado columnas e intervenciones de todo tipo para mostrar la preocupación que genera el proyecto de ley recientemente enviado por el ejecutivo que propone la creación del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Seguirán apareciendo más, y está bien que así sea, para aclarar lo preocupante de esta política, y lograr que quienes la propusieron recapaciten, y quienes deciden su promulgación se opongan.
Primero, es logísticamente difícil llevar a cabo un registro de esta naturaleza, y no es razonable en un contexto de escasez, donde las policías ya están colapsadas en labores cotidianas enfrentando el crimen y es fundamental utilizar eficazmente los recursos. Luego, la evidencia es consistente en señalar que una política como esta carece de efectos disuasorios, que refuerza lógicas de etiquetamiento que favorecen la propagación de carreras delictuales, que excluye caminos formales que compitan con mercados ilegales… y la lista puede seguir largamente. Pero a esta falta de prudencia basal de proponer políticas sin evidencia, le atraviesa algo profundamente preocupante para la salud democrática del país. Nos referimos a una cierta actitud del ejecutivo y las autoridades que le acompañan. Hace años, varios años, nuestro presidente ha enarbolado una postura que reclama ser “seria” frente a los problemas de delincuencia cada vez más apremiantes y complejos. Bien sabemos que le trajo réditos su insistencia en los temas de seguridad y las promesas concomitantes. Pero hoy vemos la verdadera cara de esta seriedad con la que el presidente piensa e imagina la seguridad, la delincuencia y el orden del país.
El registro es un ejemplo paradigmático con el cual el presidente imagina un país seguro: donde no hay lugar para rayar las calles, donde el consumo de alcohol en la vía pública sea severamente castigado, donde los desmanes no tengan lugar y donde los bares cierren temprano. Con ello sueña. Con un país limpio, ordenado y silencioso. Un país civilizado. Serio. Todo esto está bien, y todos queremos una sociedad con menos incivilidades. El problema es que el presidente confunde esta seriedad portaliana en la que se imagina el país con la seriedad de una política que realmente quiera hacerse cargo de la seguridad que hoy afecta a la ciudadanía.
En primer lugar, la propuesta carece de seriedad en cuanto es caricaturesca e ingenua. Nada más lejos de querer comprender los motivos y fuentes de las incivilidades que imaginar que la amenaza de cortar beneficios de gratuidad y becas de posgrado pueda disuadir a los delincuentes. Como si los vándalos fuesen un grupo de universitarios aburridos que además de buscar formas de financiarse, usan su tiempo libre para hacer desorden. O como si ese 6% de familias que declara haber sido víctimas de incivilidades se sintiese más tranquila al consultar un registro público de vándalos en el caben tanto homicidas como bebedores de cerveza en la plaza. ¡O como si los victimarios de ese 6% fuesen los universitarios con pretensiones de financiamiento!
En segundo lugar, la política es poco seria sencillamente porque, como ya hemos señalado, la evidencia no se toma en cuenta. Pero el problema no es solo la falta de evidencia, sino la falta de escucha. Habiendo tantos esfuerzos por generar conocimiento acerca de causas, manejos y propuestas, el ejecutivo decide ignorarlos. Existen muchos centros y personas a las cuales ir a preguntar en Chile sobre estos temas. En los últimos años se ha formado, por ejemplo, el Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, el Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, etc. Tenemos la Sociedad Chilena de Criminología, la cual está llena de expertos/as en seguridad, y en la cual discuten diariamente políticas como esta. Nada de su trabajo puede verse reflejado en una política como esta. Quizás, porque implicaría medidas a largo plazo que trascienden al gobierno y no permiten el bombo inmediato.
Agradeceríamos que las autoridades vean con la seriedad que reclaman todos los asuntos que acá pueden trabajarse. Kast confunde la seriedad con que debemos tomarnos la seguridad, con la seriedad que le gustaría ver a los chilenos caminar por la calle. Por mucho que desee un estilo civilizatorio, una estirpe ejemplar, no va a lograr nada buscando cambiar una actitud. El camino es otro. Tenemos, sí, falta de dotación de Carabineros, pero mejor sería poner recursos y capital humano en evaluar la formación y la rutina diaria de los funcionarios; tenemos incivilidades que afectan la vida pública, sí, pero mejor sería que el Estado retome el espacio público, lo valore de verdad, y tenga la valentía de habitarlo invirtiendo en él, continuando obras de museos o de ciclovías, o simplemente promoviendo actividades, comercio y cultura pública que invite a vivir una vida en común en vez de restringir las formas de hacerlo. Tenemos gobernanzas criminales en los barrios, sí, también, pero mejor sería que el Estado llegue ahí donde no está llegando, que fortalezca las políticas de reinserción juvenil y que mejore las condiciones de las escuelas.
Ni expertos, investigadores, políticos, exautoridades, consejeros; nadie ha tenido una voz detrás de esta propuesta. Su ausencia no solo extraña una verdadera seriedad, sino que además es signo de una sordera que se acerca a la idiotez en el sentido griego de la palabra.
Fuente: wecomunicaciones.