● Raúl Vásquez, presidente de la asociación gremial que agrupa a cerca de 3.500 taxis ejecutivos del Gran Santiago califica la medida anunciada por el Ministerio de Transportes como un “traje a la medida” para beneficiar a estas aplicaciones.
● Actuales exigencias contenidas en Decreto 212 -que regula la operación de los taxis en el país- no hacen necesario el envío del proyecto de ley anunciado por el Ministerio, sostiene el gremio.
Santiago, 27 de octubre de 2016.
La Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana, ARTEM, manifestó su abierto rechazo al proyecto de ley anunciado por el Ministerio de Transportes que busca regular las aplicaciones de UBER y Cabify, para permitirles operar legalmente en el mercado del transporte de pasajeros.
Raúl Vásquez, presidente de la entidad que agrupa a cerca de 3.500 taxis ejecutivos del Gran Santiago, calificó la iniciativa gubernamental como “un traje a la medida” para legalizar a UBER y Cabify y llamó a las autoridades del sector a usar las normativas que actualmente rigen al sector, como el Decreto Supremo 212, para resolver las demandas de mejor oferta y calidad de servicio que requieren los usuarios.
“Hemos planteado en numerosas oportunidades al Ministerio de Transportes que la solución al problema no pasa por enviar un proyecto de ley que regule el uso de aplicaciones como Uber y Cabify. El Decreto Supremo 212, que rige en todo el país ya establece claramente las condiciones que deben cumplir las empresas o las personas que deseen operar como taxis y lo que exigimos a la autoridad es que aplique la normativa vigente en materia de taxis ejecutivos y no que genere un traje a la medida para estas empresas”, afirmó Raúl Vásquez, presidente de ARTEM.
El dirigente agregó que lo que se requiere es “solucionar el problema de fondo, que es contar con una mejor oferta para los usuarios y asegurar una mejor calidad del servicio en igualdad de condiciones, para que las personas elijan libremente qué servicio usan, independiente de su poder adquisitivo”.
“No estamos en contra de que nuevas empresas ingresen al mercado de taxis ejecutivos. Lo que no compartimos es que el Ministerio no haga uso de las herramientas legales que ya tiene y que han demostrado ser efectivas anteriormente, esquivando la solución al problema enviando un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso. Lo que exigimos es igualdad de condiciones, tal como nosotros hemos cumplido desde hace más de 15 años”, sostuvo Vásquez.
El año 2005 y ante el crecimiento sostenido de los servicios ilegales de taxis, el MTT llamó a una licitación pública en la Región Metropolitana. La medida permitió recuperar el parque de taxis, congelado por Ley, reasignando los cupos que estaban en desuso y creando la submodalidad de taxis ejecutivos. Como resultado, 5.000 nuevos vehículos ingresaron al sistema para absorber la creciente demanda de viajes en la ciudad.
“El Ministerio de Transportes sabe que la real solución a la aparición de Uber, Cabify y otras empresas no pasa por regular las aplicaciones que usan, sino que por utilizar el mismo instrumento que hace más de 10 años le permitió resolver la aparición de vehículos piratas. Así se lo hemos planteado a la autoridad y nos sorprende que en vez de emplear una fórmula probada y exitosa decidan desentenderse del problema y de sus atribuciones, trasladando el problema al Congreso Nacional. Las autoridades no pueden dejar que ganen las presiones y crear trajes a la medida para evitarse una pelea. Esta ciudad no resiste más improvisación”, afirmó el vocero de ARTEM.
Raúl Vásquez aseguró que el proyecto de ley anunciado por el Ministerio no cuenta con el apoyo de ARTEM, por lo que ya iniciaron los contactos con parlamentarios para plantear su inquietud por lo que califican como “una improvisación” por parte del Gobierno que “solo busca crear una norma que, como muchas otras, al final será letra muerta. Es decir, una solución que no soluciona nada.”
La Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana representa a cerca del 70% de los taxis ejecutivos del Gran Santiago y acoge a 19 empresas del rubro que principalmente sirve a instituciones públicas y privadas, universidades, clínicas, medios de comunicación y entidades bancarias, entre otras, con vehículos que no superan los tres años de antigüedad en promedio, además de seguros por 300 UF para todos los pasajeros, incluyendo el conductor. La mayoría de estas empresas de taxis ejecutivos utilizan plataformas tecnológicas propias, y están avanzando rápidamente en la masificación de ellas.
“Nuestra propuesta concreta es que el MTT permita a las empresas -ya inscritas como taxis ejecutivos o a nuevas empresas- aumentar el número de vehículos en esta modalidad, haciendo uso de la normativa ya existente, sin necesidad de tener que generar una nueva ley hecha a medida para algunos sectores”.
Asimismo, anticipó que la restricción a catalíticos que comenzará a regir el próximo año “requerirá que la ciudad cuente con empresas de transporte público que aseguren calidad y cobertura. Eso no se soluciona legislando aplicaciones tecnológicas, sino que mejorando la oferta de vehículos que hoy existe”.
Fuente: Comunicaciones Taxis Ejecutivos.