Además, el gremio enfatiza en que la iniciativa legal fue tramitada con desprolijidad por parte del Gobierno.
El proyecto de Fraccionamiento Pesquero está ad portas de ser promulgado, luego de haber sido despachado hoy por la Comisión Mixta –con su articulado completo– para ser revisado por la sala de ambas Cámaras.
Según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), principal gremio de las pesqueras industriales del país, lo aprobado implica el traspaso de 489 mil toneladas de recursos marinos —valoradas en cerca de USD 160 millones anuales— desde el sector industrial al artesanal. A esto se suma el pago por las transferencias internacionales de casi USD 23 millones anuales, que tendrá que costear la industria por las compras internacionales de jurel.
Además, desde el gremio advierten que se continúa vulnerando la certeza jurídica, ya que la actual legislación establece que las condiciones de asignación de cuotas se mantienen vigentes hasta 2032. “Sin embargo, el fraccionamiento aprobado modifica ese marco legal en forma anticipada y unilateral, sin entregar compensación a las empresas afectadas, generando un grave precedente para la inversión y el respeto de los contratos en Chile”, sostuvo Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca.
A juicio del líder del gremio, esta redistribución tendrá un impacto en la operación de las empresas industriales, forzando a muchas a reducir su tamaño y ajustar sus operaciones. Esto se traduciría, advierten, en una pérdida significativa de empleo formal en diversas regiones del país.
“Desde el inicio de la discusión de este proyecto hemos advertido la falta de un análisis técnico, tanto en términos financieros como en relación con los efectos que tendrá sobre el empleo. Hasta la fecha el Ejecutivo no supo con certeza cuántas personas quedarían sin trabajo con esta reforma que está impulsando”, precisó Sandoval.
Además, el presidente de Sonapesca agregó que “se trata de un proyecto que estuvo marcado por una tramitación en el Congreso llena de errores y desprolijidad por parte del subsecretario de Pesca. Se entregaron datos erróneos y no fueron capaces de justificar sus posturas con argumentos técnicos”.
En cuanto al nuevo sistema de financiamiento aprobado, desde Sonapesca reiteraron que el proyecto se encuentra financiado con ingresos fiscales desde que entre en vigencia, ya que durante 2025 se producirá un aumento en la recaudación de más de USD 20 millones anuales respecto de 2024, gracias al incremento en las cuotas de pesca del jurel.
Al respecto, Sandoval dijo que “la fórmula aprobada tendrá un costo altísimo en las empresas de menor tamaño; puede tener un impacto negativo en las relaciones con los países de la ORP; y genera incertidumbre sobre las transacciones o las compras de jurel a terceros países por parte de empresas chilenas”.
En tanto, en cuanto a la votación de la merluza común, Sandoval dijo que “afortunadamente los parlamentarios hicieron un esfuerzo por generar un fraccionamiento que evitó el cierre de una empresa en la octava región”.
Fuente: Vital Comunicaciones.