Pese a ello, los congresistas hicieron ver la necesidad de explicitar frente a la ciudadanía que sí se realizó una investigación del caso y que la prescripción de éste, no es responsabilidad del organismo.
Satisfechos con las explicaciones dadas por el Fiscal Nacional Económico (FNE), Felipe Irarrázabal, respecto a la investigación por la colusión de los pañales, se mostraron los integrantes de la Comisión de Economía en su última sesión.
Los legisladores invitaron a la autoridad para conocer mayores antecedentes del hecho dado a conocer hace algunas semanas. Cabe recordar que la CMPC reconoció haberse coludido con Kimberly Clark por unos 7 años (entre el 2002 y el 2009) para subir precios de pañales, en el contexto de la delación compensada por el caso de colusión del papel tissue.
La polémica surgió luego que la FNE debió cerrar la investigación al quedar el caso prescrito, lo que fue interpretado por la ciudadanía como un nuevo episodio de abuso del empresariado avalado esta vez, por la fiscalía.
El presidente de la Comisión, el senador Iván Moreira defendió el rol de este organismo, explicando que “pudimos despejar varias dudas que teníamos por desinformación. Quiero dejar en claro que respetamos y respaldamos la gestión del fiscal y la institucionalidad que representa”.
Cabe consignar que en la Comisión de Economía de la Cámara Baja también recibió al fiscal, oportunidad en que los parlamentarios cuestionaron duramente su rol, incluso planteando la necesidad que deje su cargo a disposición.
Luego de escuchar a Irarrázabal, el legislador por la región de Los Lagos insistió en que “si bien es cierto que la fiscalía hizo lo que tenía que hacer, me parece que deben hacer un mea culpa. Hubo un error comunicacional fuerte. Entendemos que no podían explicar que habían realizado una investigación, pero sí debieron buscar un mecanismo institucional para responder a la ciudadanía que pensó que la FNE avaló la impunidad”.
Por su parte, el senador Eugenio Tuma aclaró que la ley recientemente aprobada que crea el delito de colusión (N° 20.945), no aplica en este caso porque no tiene efectos retroactivos. “Lo digo porque acá los consumidores se sienten vulnerados. Ellos no entienden que es un delito antiguo, que fue prescrito. Ahora mi pregunta es ¿se pudo investigar antes?, ¿se pudo evitar esa prescripción?”, consultó a la autoridad.
El senador Jorge Pizarro confesó que cuando se conoció este caso de colusión, los medios de comunicación y actores políticos tergiversaron la información haciendo aparecer a la fiscalía como negligente porque no habría investigado. “Ahora sabemos que eso no es cierto. Creo que esto debemos reforzarlo comunicacionalmente, pero esto es lo que se critica”, mencionó.
En cuanto a la prescripción, le legislador consultó por qué no se pusieron los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). “Quisiera saber si se hizo una evaluación de este tipo porque si ustedes no podían hacer nada, tal vez el tribunal sí. Ahora en cuanto la filtración del caso, me preocupa que pueda haber surgido desde la propia fiscalía”, manifestó.
Finalmente, el senador Rabindranath Quinteros coincidió con sus pares respecto a la necesidad de cuidar esta institucionalidad y especialmente, la figura de la delación compensada. “Estas investigaciones prosperan solo si existe confidencialidad. Es difícil actuar con transparencia y a la vez, propiciar que surja un delator. Quiero reconocer el trabajo que ha realizado esta fiscalía con los numerosos casos que ha sancionado. Recuerdo el cartel de los pollos y las farmacias. En siete años, es primera vez que vemos algo así”, graficó.
DEFENSA DEL FNE
El fiscal Irarrázaval aseguró que ha habido cuatro acusaciones infundadas en su contra. “Se dijo que no investigamos este caso. También que forzamos la prescripción y avalamos la impunidad. Y también se planteó que la ley aprobada no funciona. Todo eso no es verdad. Investigamos a tiempo. El delito había prescrito hace mucho. Jamás avalamos este tipo de conducta. La ley en vigencia no aplica acá”, sintetizó.
El subfiscal nacional Mario Ybar explicó la cronología de los hechos, describiendo que “en diciembre de 2014, en medio de la investigación del papel tissue, abrimos una arista de los pañales considerando que en Colombia estaban siendo analizadas empresas del rubro que se habrían coludido. Como estábamos viendo lo del papel confort, nos vimos en la disyuntiva si estudiábamos todo junto o dividíamos la información para acelerar la solución de los casos, y optamos por lo último”.
“Así se abrió un nuevo rol para los pañales dando lugar a un nuevo expediente. En junio de 2015 recibimos la denuncia de la CMPC que se acusaba de coludirse con Kimberly Clark. Habíamos determinado que los ejecutivos de estas firmas se habían contactado fijando acuerdos de posicionamiento. Intercambiaban información y coordinaban alzas de precios entre el 2002 y el 2009”, relató.
Ybar continuó indicando que “los últimos antecedentes de esas prácticas son de 2009, pero esas acciones prescribieron a mediados del 2014. Pese a ello seguimos investigando para determinar si los efectos de esas conversaciones fueron en el largo plazo. Vimos que CMPC creció en su participación de mercado (de un 5 a un 40%) mientras que Kimberly Clark bajó (de una 53 a un 28%) Así no pudimos constatar efectos en el largo plazo”.
Posteriormente, el fiscal Irarrázaval lamentó la filtración que puso en conocimiento de la ciudadanía este cartel. “Es primera vez que pasa esto. Es grave. Vamos a afinar los protocolos internos porque no puede volver a pasar. Estamos haciendo un sumario administrativo interno, pese a que no tenemos certeza que el rumor surgió desde la fiscalía”, hizo ver.
Consultado por la necesidad de hacer un mea culpa, la autoridad planteó que “somos un organismo técnico. No estamos llamados a mirar los efectos políticos de lo que hacemos. No buscamos ser populares. Comunicacionalmente nos limitamos a informar lo que podemos, por ejemplo, no tenemos twitter”.
Fuente: senado.cl