Los senadores socialistas explicaron las sanciones que recibirán los sostenedores que lucren con recursos de la subvención estatal y argumentaron la importancia de estas medidas, junto con destacar el rol fiscalizador que tendrá la Superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos.
Devolución de los dineros desviados para otros fines, pago de una multa del 50% y la posibilidad de ir a la cárcel por el delito de “apropiación indebida” arriesgando hasta 5 años de cárcel son las sanciones que se establecen en este proyecto.
Al respecto, el Senador Fulvio Rossi explicó que no se crea un tipo penal específico, puesto que ya existe en el código penal una fórmula aplicable a estos casos, que es la “apropiación indebida”.
De esta forma, en caso de haber delito, el infractor deberá devolver el dinero, pagando multa del 50%, mientras que la Superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos deberá entregar los antecedentes al Ministerio Público, que podrá perseguir los delitos hasta hacer aplicables sanciones penales de presidio menor en su grado medio a mayor, es decir, de 541 días a 5 años de cárcel.
Según Rossi, “esta legislación es razonable porque hay una intención de inhibir este tipo de conductas y por otro lado cuando hay delito se sanciona como corresponde”.
El parlamentario aseguró que “el Estado tiene el deber de velar porque esos recursos se utilicen de buena manera y para lo que están. Son recursos para la educación y por eso es tan importante entender que siguen siendo recursos públicos aun cuando sean administrados por privados”.
Por su parte, el Senador Alfonso De Urresti, dijo que “lo que estamos haciendo es establecer claramente que estos fondos de la subvención tienen carácter público y tienen que ser destinados para tal efecto”.
“Recordemos que hasta el día de hoy no teníamos claridad sobre esa situación y hay argumentación y nutrida jurisprudencia que esa subvención ingresaba al patrimonio del sostenedor, con cuentas no separadas, y destinados para los fines más alejados de proceso educativo, especialmente al enriquecimiento. Eso es lo que ha llevado a la necesidad de constituir una clarificación y un procedimiento para fiscalizar el uso de estos recursos”, dijo De Urresti.
A su turno, el Senador Carlos Montes enfatizó que “no queremos perseguir, queremos desanimar conductas que tienden a mantener la realidad actual que se cree que se puede hace cualquier cosa con los recursos”.
El parlamentario expresó que “ojalá que en la medida que se acumule experiencia en todo esto vayamos creando una cierta cultura, y no que cualquiera hace lo que quiere. Aquí no puede ser que un sostenedor compre cuatro autos y le parezca razonable y los autos para su familia”.
“Lo importante es que si algún sostenedor desvía, sustrae, declara maliciosamente va a recibir las sanciones pertinentes, pero yo creo que la mayor parte de los sostenedores no van a hacer eso y se van a justar a la ley”, puntualizó Montes.