Premio Nacional de Historia 2016 en el día Internacional de los DD.HH: Dr. Julio Pinto: “Piñera es responsable político de violaciones graves a los derechos humanos”

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el académico del Departamento de Historia de la Usach reflexionó sobre el alcance que puede llegar a tener en la sociedad el momento actual de la política nacional, el estallido social, el Acuerdo Político por la Paz, la Mesa de Unidad Social y un nuevo aniversario de la muerte de Pinochet.

 

“El Gobierno no puede presentarse como defensor de los derechos humanos si tiene más de 20 personas muertas, 300 con estallidos oculares y miles de casos de violencia policial”, sostuvo.

 

El día 10 de diciembre es  desde hace 13 años una fecha bastante contradictoria para nuestro país, porque si bien se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, también se cumple un año más de la muerte del general Augusto Pinochet. Este año toma mayor realce bajo la coyuntura política actual y el estallido social que han generado un fin de año convulsivo y lleno de preguntas, muchas de ellas todavía sin respuestas. 

 

Para abordar estos temas conversamos con el Premio Nacional de Historia 2016 y académico de la Universidad de Santiago, Doctor Julio Pinto Vallejos.

 

¿Cuál ha sido la relación histórica que Chile ha tenido con los DDHH, se violan sistemáticamente en nuestro país?

 

-En los últimos 50 años la relación ha sido sumamente compleja. Vivimos una dictadura, luego 30 años en que si bien las violaciones a los derechos humanos no son una política permanente, quedan muchas deudas impagas y que no han sido reparadas. En Chile se han seguido transgrediendo los derechos humanos contra el pueblo mapuche; sectores de la juventud popular, donde son estigmatizados y sometidos a tratos policiales y judiciales que van en contra de los derechos fundamentales. En los dos últimos meses, ha existido un renacer de las violaciones masivas de los derechos humanos frente a las manifestaciones sociales. El saldo en ningún caso es positivo.

 

¿Qué opinión tiene sobre los episodios de negacionismo que han ocurrido en Chile?

 

-Hay un discurso muy fuerte sobre la importancia de los derechos humanos desde que terminó la dictadura, pero también hay omisiones importantes, como por ejemplo, en la conducta de Carabineros en estos dos últimos meses y que demuestran la falta de una política efectiva de internación de una cultura en derechos humanos en esa Institución. Antes del estallido social, tuvimos una serie de hechos de violencia en la Araucanía y el asesinato de Camilo Catrillanca, además de muertes sospechosas de dirigentes ambientalistas. Creo que es necesario tipificar y sancionar penalmente el negacionismo, pero no basta con eso, hay que profundizar y desarrollar una política de apropiación plena de la sociedad en este tema.

 

Trece años sin Pinochet

 

¿Cuánto ha cambiado Chile en estos 13 años y cuánto tiene de Pinochet este estallido social?

 

Con María Angélica Illanes, Rolando Álvarez,  Mario Garcés,  Francisco Figueroa,  Verónica Valdivia  y  Naín Nómez  publicamos el libro “Las Largas Sombras de Pinochet” (LOM ,2019). En la obra reconocemos que ha habido cambios, pero que todavía pesa una herencia de la dictadura. Un ejemplo es el neoliberalismo que se transformó en un modelo de convivencia social, porque muchos de los derechos están ahora instalados en el mercado y dependen del poder de compra. La Constitución del 80 cambios más, cambios menos, sigue rigiendo hasta el día de hoy. Pienso que estas largas sombras son las causas fundamentales del estallido social que reventó de una sola vez el 18 de octubre producto de la acumulación de demandas incumplidas, frustración o rabia en contra de quienes han conducido el país en los últimos 30 años.

 

El Gobierno hizo una ceremonia por el Día Internacional de los DDHH. ¿Le parece acertada esta decisión?

 

-Creo que esto es un gesto mediático para decir que, ‘si bien es cierto que se han cometido excesos se están investigando y serán sancionados en su momento, nuestra política es de respeto a los derechos humanos’, pero como eso está siendo desmentido por prestigiosas Instituciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sospecho que seremos testigos de un nuevo papelón de parte de la autoridad. Me imagino que las organizaciones sociales reclamarán al Gobierno que no puede presentarse como defensor de los derechos humanos si tiene más de 20 personas muertas, 300 con estallidos oculares y miles de casos de violencia policial.

 

En este mismo contexto ¿cómo visualiza las acusaciones constitucionales contra el Presidente Piñera y el ex Ministro del Interior Andrés Chadwick?

 

-Creo que se justifican en términos de responsabilidad política, pero que vaya a prosperar o no, tengo mis dudas. Por lo menos es un gesto político que hay que hacer, porque hay violaciones graves a los derechos humanos y el ex ministro del Interior y el Presidente son los responsables políticos de esto. No puede ser que los responsables sean el carabinero de turno o el suboficial que estaba a cargo de la patrulla que fue lo que ocurrió finalmente con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Los verdaderos responsables políticos de lo que ocurrió salvaron prácticamente ilesos y muchos de ellos hoy son funcionarios del Estado y de Gobierno.

 

Segunda parte del estallido social

 

¿Tiene la suficiente legitimidad el Acuerdo Político por la Paz para solucionar este conflicto?

 

-Sin duda no la tiene, porque hay un problema de desprestigio de la casta política en general y que está muy instalado, por lo que difícilmente se va a revertir en el futuro cercano, salvo que los actores políticos den pruebas concretas de  querer reconectarse con la sociedad. Hay escepticismo y rechazo a este acuerdo y a eso hay que sumar que hay sectores importantes que no quieren que cambios, que seguramente están ganando tiempo para que esto se apacigüe y la gente vuelva a sus casas. Hasta aquí yo no he visto anuncios o debates en materia de reformas sociales en profundidad. La famosa agenda social propuesta por el Gobierno, es muy superficial.

 

¿Usted ve a la Mesa de Unidad Social como interlocutora válida frente a estos desafíos?

 

-La Mesa de Unidad Social es la que ha mostrado una mayor legitimación en el tema. Creo que es la que se ha mantenido más fiel a lo esencial de este proceso que son las reformas sociales. A la Constitución no le quito mérito en lo absoluto, pero las reformas sociales profundas son los temas por los que la gente salió a la calle y se ha manifestado con fuerza. La Mesa es la instancia más creíble no siéndolo del todo, pero dentro de lo que se ve en el panorama político chileno creo que es la instancia con mayor credibilidad y legitimidad para conducir este proceso.

 

¿Y la importancia de los cabildos ciudadanos que se han realizado?

 

-Esta es una instancia muy valiosa porque refleja el sentido de la ciudadanía de volver a involucrarse con los grandes debates nacionales. El ideal, si uno se pusiera casi utópico, es que de estas instancias locales salieran propuestas que eventualmente fueran recogidas por la Asamblea Constituyente o por las instancias de coordinación social que sean, y decir: aquí hubo un verdadero ejercicio democrático y participativo a nivel masivo, y estas voces de la sociedad que se han estado expresando puedan realmente desembocar en cambios sociales e institucionales profundos.

Fuente: USACH