Con la inminente puesta en marcha de la etapa final de la normativa, prevista para el 13 de agosto, los municipios alertan sobre la necesidad de abordar con urgencia su aplazamiento, debido a la falta de reglamento, el déficit de recursos asociados, la escasa capacitación de funcionarios y la ausencia de un catastro de locales de alimentación y delivery que deben ser abordados, todos aspectos fundamentales para una adecuada fiscalización.
Santiago, julio de 2024. Inquietud existe entre los municipios, por las dificultades que tendrá —en la práctica— la entrada en vigencia de la última etapa de la Ley 21.368, que mandata a las municipalidades la fiscalización de la norma. Entre otros aspectos relevantes, se destaca que prohíbe la entrega de cualquier producto de un solo uso (no sólo plásticos) al interior de locales de comida, independientemente de si su material es reciclable, biodegradable o compostable.
“Las últimas semanas nos hemos reunido con la autoridad para alertar sobre un escenario que visualizamos muy complejo. Junto con reiterar nuestra disposición permanente a trabajar en conjunto para implementar medidas que protejan nuestra ciudad y medioambiente, también solicitamos considerar el aplazamiento, puesto que no ha habido una socialización ni medidas concretas para lograr su correcta ejecución, poniendo en riesgo que esta nueva ley genere más problemas que conciencia ambiental”, señaló Andrés Chacón, director ejecutivo de AMUCh.
Esta preocupación se basa en los preocupantes resultados arrojados por un reciente estudio elaborado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), que reveló que el 81,7% de las municipalidades del país no dispone de la capacidad necesaria para fiscalizar de manera efectiva las nuevas disposiciones contempladas en la ley.
Entre los hallazgos del estudio, que recoge la visión de 92 municipalidades, también destaca que el 27% de las municipalidades consultadas dice no contar con la infraestructura ni los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de fiscalización.
Respecto de la existencia de catastros actualizados sobre los locales de expendio de alimento a supervisar, únicamente el 32,4% de los municipios afirmó tener el catastro de todos los locales de la comuna; el 32,4% de algunos sectores de la comuna; el 14,1% no tiene ningún catastro; y el 21,1% desconoció la existencia de un instrumento con estas características.
El documento también revela que hay gran desorientación entre el personal municipal respecto de la simultaneidad y dualidad que a partir de agosto habrá entre esta normativa y la Ley REP, debido al distinto enfoque que ambas disposiciones atribuyen al tratamiento de envases y embalajes de papel y cartón; si bien la Ley de Plásticos de Un Solo Uso los prohíbe, la segunda fomenta su reutilización, reciclaje y valoración.
Desde AMUCh aseguran, además, que el gobierno no considera las diversas realidades de cada municipalidad, sobre todo las de regiones y localidades más alejadas; estas cuentan con menos recursos, ya sea para comunicar la medida y para su fiscalización.
Asimismo, los encargados de desarrollo económico local y/o fomento productivo expresaron inquietudes sobre cómo la implementación de la normativa puede impactar en las actividades de emprendimiento que realizan en sus comunas, tales como las ferias locales.
Alta valoración, pero escasa información
Además de consultar a funcionarios municipales que ejercen jefatura en las áreas claves catastradas —como Medio Ambiente, Desarrollo Productivo, y Seguridad y Prevención del Delito—, el estudio de AMUCh encuestó a 634 personas que habitan en 180 comunas. Algunos de los hallazgos más destacados son:
27% indica que su municipalidad no tiene capacidad de fiscalización.
50,8% dice que no ha conocido y/o escuchado campañas desde organizaciones gubernamentales.
60,6% de los encargados de Medio Ambiente afirma que no ha participado en ninguna capacitación.
84,5% de los funcionarios señala que no existe una plataforma web municipal para recepción de denuncias ciudadanas.
Fuente: Extend.