Abordar la demanda ciudadana de seguridad pública no sólo se resuelve con medidas de prevención del delito o de un mayor control policial, sino que también a través de la generación de herramientas y programas permanentes que permitan disminuir la reincidencia de las personas que han infringido la ley.
Así se plantea la primera Política Pública de Reinserción Social, documento que fue presentado este jueves por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que es el resultado de casi seis meses de debate y reflexión por parte del Comité intersectorial que asesora a la cartera en esta materia.
A la presentación asistieron además el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; el ministro del Deporte, Pablo Squella; la directora de Sename, Solange Huerta; el director de Gendarmería, Jaime Rojas; y el defensor nacional, Andrés Mahnke.
A través de un trabajo mancomunado entre distintos actores, públicos y privados, academia, ex ministro (as) de la cartera y sociedad civil, y bajo una visión a largo plazo liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se logró plasmar en un documento formal, el primero en su tipo en el país una Política Pública que servirá de hoja de ruta para las acciones que el Estado debe desarrollar para lograr la reinserción social de todas aquellas personas que han sido condenadas.
“Este es el proyecto, la iniciativa más importante que ha adoptado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el último tiempo, y por su trascendencia, creemos que será un insumo valiosísimo para las futuras autoridades de Justicia”, dijo el Ministro de Justicia y derechos Humanos, Jaime Campos.
La autoridad gubernamental señaló que en los últimos años ha habido un interés genuino de distintas autoridades de implementar una política pública en esta materia. “No obstante han sido iniciativas aisladas, emprendimientos públicos y privados, planteados como programas individuales que no obedecen a una lógica general, que no comprometen a todas las agencias del Estado o al empresariado, y cuyos resultados dependen del interés y voluntad de las autoridades de turno”, acotó.
El Comité Asesor, constituido en junio de este año, creó también comités regionales desde Arica hasta Magallanes, bajo la premisa de que una persona que logra reinsertarse en su comunidad es también una inversión en seguridad pública e inclusión social. De esta manera, elaboró una serie de propuestas de corto, mediano y largo plazo, apuntando a fortalecer la reinserción laboral.
Entre estas medidas destacan la creación de un registro que relacione la oferta de capacitación con la demanda del mercado laboral local y nacional; la implementación de un registro especial de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que permita la certificación de personas que están bajo la custodia de Gendarmería; el establecimiento de un subsidio a la contratación de personas infractoras de ley para el sector privado; y el diseño de un programa especial con municipalidades, para la contratación de personas condenadas que se encuentren en el sistema abierto y post penitenciario de Gendarmería.
En esta línea, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, destacó que los procesos de formación y capacitación son parte esencial de la política pública impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Reclusión no es sinónimo de exclusión. Privación de libertad, no es sinónimo de privación de dignidad. La legítima aspiración de las personas privadas de libertad a acceder a un empleo permanente y a un sueldo justo, es un incentivo eficaz para que puedan reintegrarse a la sociedad. Tenemos la convicción de que el trabajo es una herramienta de inclusión y fortalecimiento de la dignidad de las personas que han delinquido, y la forma más efectiva de tener un país más justo, más seguro, y con menores índices de reincidencia.”.
La Política Pública de Reinserción Social hace hincapié en que para cumplir con su objetivo, es necesario que el Estado en su conjunto se haga cargo de esta temática, dotando al sistema penitenciario de herramientas adecuadas. En este sentido, el Plan Nacional de Derechos Humanos, impulsado por la Subsecretaria de Derechos Humanos, permite avanzar hacia una política penitenciaria que cumpla con los estándares de derechos humanos, considerando un conjunto de medidas que dignifiquen las condiciones de reclusión y entreguen mecanismos oportunos a las personas condenadas para hacer valer sus derechos.
Por lo mismo, para la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, “tener una política pública de reinserción no sólo es una herramienta necesaria y útil, sino que se ajusta a los estándares de respeto que se requieren en derechos humanos para las personas privadas de libertad. Todos deben tener la posibilidad de volver a insertarse en la sociedad, y para eso el Estado debe generar las condiciones y posibilidades. A eso apunta este esfuerzo mancomunado de muchos actores públicos y privados”.
Firma con Naciones Unidas
Luego de la presentación del documento, se firmó una manifestación de interés de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y DD.HH. de Chile y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Rafael Franzini- Batlle, representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC en Brasil, felicitó el trabajo intersectorial que permitió la elaboración de la primera política pública de Reinserción Social, y señaló que “el mensaje que emite un comité de estas características es que los derechos humanos no se acaban detrás de los muros de las cárceles”.
Fuente: Ministerio de Justicia.