· Las propuestas del Presidente electo se contraponen directamente con las implementadas por el actual gobierno y la nueva Ley de Migración y Extranjería, que comenzará a regir a más tardar en abril de 2022.
El próximo 7 de enero vence el plazo para que los extranjeros que ingresaron a Chile por pasos no habilitados puedan regularizar su estatus migratorio. A poco más de una semana para que venza este plazo, existirían alrededor de 668 mil 806 solicitudes para cumplir con este trámite, de las cuales sólo 201 mil 108 estarían completadas. Esta cifra refleja un evidente retraso en el proceso y propone un gran desafío para el gobierno de Gabriel Boric, el cual deberá lidiar con las políticas implementadas por Sebastián Piñera.
El abogado de Grupo Juicio Chile -pioneros en defensa migratoria-, Claudio Quiroga, explica que las propuestas dadas a conocer en el programa de Boric “no han sido claras ni contundentes; más bien son contradictorias con la política migratoria ejecutada por al actual gobierno, el cual en abril de este año dictó una nueva Ley Migratoria que busca regularizar la situación, a través de un ordenamiento que incluye nuevas categorías e instituciones como el Servicio Nacional de Migración”.
En la vereda opuesta se encuentran las propuestas del Presidente electo, quien ha afirmado que aprobará el Pacto de Marrakech, el que busca aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. Cabe recordar que Chile es uno de los 10 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no ha suscrito el pacto firmado en 2018, lo que fue justificado por el Presidente Piñera con el argumento de que nuestro país regularía sus políticas migratorias en concordancia con su soberanía, buscando proteger a los chilenos del tráfico de personas y el narcotráfico.
Al respecto, Quiroga afirma que “éste es un concepto que a mi juicio ha sido mal utilizado por el actual gobierno en su afán por ‘ordenar la casa’. El acuerdo de Marrakech lo que propende es a que no exista distinción entre los ingresos por pasos habilitados y no habilitados, chocando directamente con las políticas que están ad portas de implementarse con la puesta en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería”.
De acuerdo al abogado, el principal desafío para el gobierno de Gabriel Boric será aclarar la posición de Chile respecto al tema migratorio, fortaleciendo el apego al Derecho. No obstante, agrega también que “es de suma importancia que las autoridades entrantes comuniquen de forma clara y efectiva, tanto a migrantes como a chilenos, las implicancias de la ley que prontamente entrará en vigor”, algo en que, a su parecer, está en deuda el gobierno de Sebastián Piñera.
Fuente: Allpress.