● Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana, ARTEM, pide al Ministerio de Transporte replicar medida que en 2004 terminó con los servicios ilegales de taxis en la Región Metropolitana.
● A través de una licitación pública, en esa oportunidad se autorizó la circulación de taxis ejecutivos, lo que permitió la empresarización del sector, el ingreso de conductores profesionales y nuevos vehículos al mercado.
● Esta disposición está contenida dentro de las atribuciones del Ministerio estipuladas en el Decreto Supremo 212 y no requiere del envío de un proyecto de Ley.
Santiago, 23 de noviembre de 2016
Un llamado al Ministerio de Transportes para que retire el proyecto de Ley que regula Uber y convoque un nuevo proceso de concesión de los cupos disponibles en el parque de taxis ejecutivos, que reglamente la operación de esa y otras empresas que operan fuera de la normativa vigente realizó Raúl Vásquez, Presidente de la Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana, ARTEM.
“Hemos llegado a la conclusión de que el proyecto de Ley enviado por el Ministerio de Transportes al Congreso para regular aplicaciones como Uber no soluciona los problemas de fondo relacionados a mejorar la calidad del servicio actual, aumentar la oferta de vehículos y contar con tarifas claras y transparentes para los usuarios. Por el contrario, lo único que hace es dilatar un asunto cuya solución ha estado siempre en manos de ese ministerio”, afirmó Vásquez.
El dirigente explicó que desde que surgió el conflicto por la ilegalidad de los servicios prestados por Uber y Cabify, ARTEM mantuvo un contacto permanente con el Ministerio de Transportes para colaborar en la búsqueda de respuestas efectivas a la demanda de los usuarios. Entre las propuestas presentadas como gremio solicitaron al Ministerio recurrir a las facultades que le otorga el Decreto Supremo 212 para realizar una nueva concesión de los cupos disponibles dentro del parque de taxis, similar a la que se ejecutó en 2004 para regularizar la operación de los servicios ilegales en el Gran Santiago.
“La licitación de cupos disponibles en el parque de taxis que efectuó el Ministerio en 2004 fue la herramienta más eficaz para regular el mercado, terminar con la informalidad, profesionalizar el servicio, crear empresas que respondan ante los usuarios por cualquier deficiencia, proteger a los conductores y a las personas que trabajan en el sector y contar con altos estándares de seguridad para los pasajeros. Por eso, no entendemos las razones que llevaron a la autoridad a no replicar una fórmula exitosa y optar por una vía que solo ha recibido críticas de todos los sectores involucrados, incluso de ex autoridades ministeriales”, sostuvo el presidente de ARTEM.
La licitación de cupos para taxis ejecutivos implementada por el Ministerio en 2004 implicó que 5.000 vehículos particulares que operaban irregularmente en Santiago ingresaran al sistema, para lo cual se conformaron empresas jurídicas, muchas de las cuales hoy forman parte de la Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana.
Raúl Vásquez sostuvo que “lo que solicitamos a la autoridad es que disponga de nuevos cupos o de los derechos que hoy están disponibles dentro del parque de taxis, ya sea porque no renovaron sus vehículos o porque dejaron de circular, y los concesionen a quienes desean incorporarse al mercado de los taxis ejecutivos, en igualdad de condiciones para todos los interesados.” Y agregó que “esta medida permite reforzar el servicio y resolver la falta de oferta que hoy requieren los usuarios en todo el país, haciendo uso de las atribuciones con que cuenta el Ministerio y sin discriminar a las personas por sus ingresos económicos o el sector en el que viven”.
El dirigente afirmó que insistirán ante las autoridades para buscar “una solución rápida y efectiva que beneficie a todos los usuarios del sistema” y que proyectan reunirse con los integrantes de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para plantear su posición y sus inquietudes por la decisión del Ministerio de Transportes de no hacer uso de las facultades contempladas en el Decreto Supremo 212 que regula el transporte público de pasajeros.
Fuente: comunicaciones@taxiejecutivoag.cl