Juan Pablo Ciudad: “El matrimonio igualitario es un proyecto necesario, pero no el más importante”

El abogado, académico de la Usach y dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género consideró urgente avanzar hacia el fortalecimiento de la Ley Antidiscriminación, ante la triplicación de tasas de crímenes de lesbo-odio, homo-odio y trans-odio.

 

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que el Gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. El Presidente Sebastián Piñera había anunciado que tomaría una decisión de este tipo durante su última Cuenta Pública ante el país.

 

El académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género (MUMS Chile), Juan Pablo Ciudad Pérez, reconoció que el anuncio del Mandatario fue inesperado. “Esto da cuenta de que el Presidente observa que su estrategia de volcarse a una alianza con los sectores más conservadores, dentro de su conglomerado de Gobierno, no fue correcta, y por lo tanto intenta dar un giro hacia el progresismo para poder sostener y darle legitimación al breve período de Gobierno que le resta”, sostuvo.

 

Sin embargo, advirtió que no estuvo acompañado de reuniones para poder lograr un consenso político desde su sector, lo que demostraría que “no existe una voluntad política colegiada por parte de los partidos de Gobierno”. “Si la urgencia de matrimonio igualitario fue declarada con la transparente intención de que este proyecto vea la luz, el Presidente previamente a realizar el anuncio hubiese generado un análisis de la correlación de fuerza que tiene en su propio conglomerado para intentar realizar un consenso político o un cuadraje de sus fuerzas, para que el proyecto pueda ver la luz de la manera más llana posible. Eso hoy día no se observa, por lo tanto, no es del todo creíble ni se sostiene con tanta tranquilidad que este proyecto esté acompañado de la fuerza que el Presidente dice tener para ser promulgado”, indicó.

 

“No es el proyecto más urgente”

 

Por otra parte, Ciudad enfatizó que “el matrimonio igualitario es un proyecto necesario, pero no es el más importante ni el más urgente ni el más estructural o esperado por la comunidad LGBTIQA+”. Ello, explica, porque en los últimos años se ha triplicado la tasa de delitos y crímenes de odio, particularmente de lesbo-odio, homo-odio y trans-odio, y afectaciones a la integridad física, psicológica y la seguridad de la comunidad. En ese sentido, consideró urgente impulsar políticas de fortalecimiento de la integración, inclusión, seguridad y respeto a la vida.

 

“Se requiere el fortalecimiento de la Ley Antidiscriminación, y el Gobierno, su subsecretaria de Derechos Humanos, y los parlamentarios y parlamentarias no han demostrado una vocación por fortalecer una política integral antidiscriminación, que tenga enfoque de género y de derechos humanos, ni querer entregarles más dientes, más garras y mayor capacidad institucional, preventiva y sancionatoria a la ley. La comunidad LGBTIQA+ requiere inclusión en todas las esferas de la vida social e individual, pero a diferencia de la sociedad en general, tiene serias dificultades para incluso poder sentirse tranquilos caminando, desarrollar y expresar su proyecto de vida y autodeterminación o expresar muestras afectivas en los espacios públicos”, sostuvo.

 

“Desde el punto de vista de los derechos humanos e institucional, en medio de un proceso constituyente, mi diagnóstico es que lo más importante para las diversidades y disidencias sexuales hoy es el reconocimiento a nivel constitucional de garantías de igualdad jurídica y material, bajo un enfoque integral del derecho a la igualdad y la no discriminación, que pueda superar la discriminación e invisibilización estructural de los distintos grupos vulnerados al interior de nuestra comunidad política. Y, a propósito del debate presidencial, lo más importante sería la creación de una institucionalidad antidiscriminación con enfoque de Derechos Humanos, de género y LGBTIQA+, que pueda construir diagnósticos fehacientes sobre el nivel de vida y dificultades para el ejercicio de derechos, que elabore políticas públicas de inclusión y pueda proponer planes y programas de promoción de la comunidad LGBTIQA+ para que esta pueda acceder a todos los derechos consagrados para la sociedad en general”.

 

Además, hizo hincapié en la importancia de “generar proyectos que incorporen a la comunidad trans en derechos de salud, trabajo, educación y vivienda”, y precisó que “hoy, el promedio de vida de una mujer trans en Chile es de 37 años. Este debe ser el dato revelador que articule e ilumine las urgentes políticas públicas e iniciativas legislativas en materia de inclusión y diversidad sexual. También, elaborar políticas integrales de salud e inclusión sociolaboral para personas que viven con VIH. Para esto es importante incorporar un enfoque biopsicosocial práctico en la elaboración e implementación de políticas públicas y darle urgencia a la ley de la educación sexual integral, que no pudo ver la luz producto de la negación obtusa de este mismo gobierno”, señaló.

 

Finalmente, concluyó que “en el mes de la inclusión y del orgullo, no puede pretenderse avanzar en proyectos LGBTIQA + sin la participación vinculante de las distintas organizaciones sociales, algunas de ellas con más de 30 años, que efectivamente han elaborado sistemáticamente diagnósticos y propuestas sobre esta materia. El Gobierno no puede avanzar solo en la integración de la comunidad LGBTIQA+. La lección de la última década es que la democracia no es abstracta y debe hacerse con la incorporación real de los movimientos sociales”, concluyó.

 

Fuente: Usach.