Por Giorgio Cuneo, Country Manager de Motorola Solutions Chile
Chile inicia un nuevo ciclo político con un mandato claro: responder a la demanda ciudadana
por más seguridad y hacerlo con resultados concretos en el corto plazo. Con el nuevo
gobierno ya electo, el país entra en una etapa en que las decisiones legislativas y
estratégicas de los próximos cinco años serán determinantes para llegar preparados a
- No es un horizonte lejano; es la agenda inmediata que marcará si el Estado será
capaz de modernizar su respuesta ante emergencias, delitos y riesgos complejos.
La discusión sobre el proyecto que crea un número único de emergencias —el futuro “911
chileno”— es un buen ejemplo del tipo de reformas que Chile necesita acelerar. Un país con
más de diez números de emergencia refleja fragmentación; un número unificado, en cambio,
abre la puerta a construir un ecosistema más coordinado y eficiente. Pero el verdadero
desafío político que enfrenta el Ejecutivo no es aprobar la ley, sino asegurar que el sistema
se implemente con tecnología moderna, interoperabilidad y estándares que permitan a
todas las instituciones —policías, salud, municipios, transporte y seguridad privada—
trabajar como un solo cuerpo.
Los próximos cinco años serán decisivos para eso. La pregunta que el nuevo gobierno debe
resolver no es solo qué leyes impulsar, sino cómo garantizar que la innovación tecnológica
sea una política de Estado y no una sumatoria de proyectos aislados. La experiencia
internacional es clara: los países que reducen tiempos de respuesta y fortalecen su
capacidad operativa lo hacen integrando datos, comunicaciones, video, software y flujos de
trabajo críticos en una sola arquitectura. Es lo que permite que una llamada llegue al centro
correcto según la ubicación exacta —como lo hace NG911—, que un operador reciba video o
imágenes en tiempo real, o que distintas agencias colaboren sin barreras técnicas.
Al mismo tiempo, otras reformas ya en marcha anticipan este cambio. La Ley 21.659 de
Seguridad Privada, que profesionaliza y moderniza un sector clave para la seguridad
ciudadana, es una señal de que el país está avanzando hacia mayores estándares, más
transparencia y tecnologías que permitan generar evidencia confiable y operar con mejores
prácticas. Pero para que estas transformaciones sean efectivas, deben integrarse a un
sistema más amplio. De lo contrario, las islas tecnológicas seguirán reproduciendo la
fragmentación que precisamente buscamos superar.
El contexto electoral deja una lección política evidente: la ciudadanía quiere resultados
rápidos, coordinación real entre instituciones y un Estado que responda con más
inteligencia y menos improvisación. La seguridad ya no puede abordarse desde la lógica del
parche o la reacción tardía; requiere planificación estratégica, infraestructura robusta,
protocolos comunes y tecnologías interoperables. Innovar sin integrar es insuficiente, e
integrar sin modernizar es inviable.
Chile tiene una ventana de cinco años para dar un salto cualitativo, no incremental. La
agenda legislativa deberá permitir compartir información crítica entre organismos,
establecer estándares unificados para sistemas de emergencia, regular el uso responsable
de la inteligencia artificial en seguridad, fortalecer las capacidades municipales y garantizar
interoperabilidad en todo el territorio.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar esta
modernización. No se trata únicamente de adoptar mejores herramientas, sino de construir
un Estado más ágil, más coordinado y más preparado para proteger a su ciudadanía.
Si Chile quiere llegar con fuerza al próximo decenio, debe comenzar ahora. El tiempo
electoral ya terminó; el tiempo de la integración acaba de empezar.
Fuente: viacentral.