La directora política de la organización ambientalista, Josefina Correa, calificó de “vacías” las menciones medioambientales de la Cuenta Pública del presidente Piñera, y aseguró que, durante este gobierno: “vimos avanzar sólo proyectos impulsados por parlamentarios como el de plásticos y humedales , como Presidente y órgano colegislador clave, de quien dependen las iniciativas y las urgencias, no hubo un real impulso desde su gobierno a ningún proyecto ambiental y la agenda de seguridad hídrica sigue durmiendo pese a las advertencias del mundo científico sobre los impactos climáticos”.
En su última Cuenta Pública, realizada este martes ante un reducido Congreso Pleno, el presidente Sebastián Piñera señaló que como ciudadano cree que debe garantizarse los derechos fundamentales, entre ellos, “el derecho esencial de acceder al agua”. Una afirmación calificada como “falsa” por la Directora Política de Greenpeace, Josefina Correa, quien recordó que “el gobierno ha recibido dos fallos en contra por no asegurar el acceso al agua a las comunidades, y aún así deben movilizarse para exigir el cumplimiento de la resolución judicial, no ha puesto urgencia a la reforma del código de agua, que sería la primera norma que reconocería el derecho de acceso al agua a nivel nacional y su coalición de gobierno rechazó la idea de priorizar el consumo en la constitución en enero del año 2020”.
La necesidad de acceder al agua fue una demanda social, expresada y recogida claramente en la votación constituyente considerando que hoy en Chile. “Ningún proyecto de esta materia ha tenido urgencia. Es irrisorio que esta materia no sea tomada en cuenta por el discurso público de quien tiene la obligación de gobernar hasta el fin de su mandato”, explicó Correa.
Para la organización ambientalista, el desafío ambiental de Chile es cambiar un modelo de desarrollo donde el Estado ha permitido que que existan Zonas de Sacrificio, donde comunidades no pueden respirar y el operar de industrias como la minería, la salmonicultura o la agroindustria forestal que han operado devastando bienes comunes ambientales: glaciares, ríos, bosques nativos, mares prístinos, ecosistemas completos ha merced de una regulación sin límites en el interés colectivo de alcanzar un acceso justo al aire, al agua, a la tierra”.
Finalmente, la directora política de Greenpeace cuestionó el discurso sobre el exitoso escenario futuro de un Chile exportador de todo tipo de energías verdes. “El futuro es promisorio sólo si se asegura la vida de quienes habitamos este espacio,permitiendo el acceso al aire, al agua y a los suelos cultivables, elementos basales de toda sociedad. Cerramos la última Cuenta Pública sin firmar el Tratado de Escazú, sin avanzar en la protección del agua, son en definitiva los mismos argumentos con las mismas respuestas que nos llevaron al desastre, por ello reorganizamos las esperanzas para que en las próximas elecciones votemos por políticas y políticos que estén comprometidos con actuar ante la crisis ambiental y ecológica.”, remató.
La directora política de la organización ambientalista, Josefina Correa, calificó de “vacías” las menciones medioambientales de la Cuenta Pública del presidente Piñera, y aseguró que, durante este gobierno: “vimos avanzar sólo proyectos impulsados por parlamentarios como el de plásticos y humedales , como Presidente y órgano colegislador clave, de quien dependen las iniciativas y las urgencias, no hubo un real impulso desde su gobierno a ningún proyecto ambiental y la agenda de seguridad hídrica sigue durmiendo pese a las advertencias del mundo científico sobre los impactos climáticos”.
En su última Cuenta Pública, realizada este martes ante un reducido Congreso Pleno, el presidente Sebastián Piñera señaló que como ciudadano cree que debe garantizarse los derechos fundamentales, entre ellos, “el derecho esencial de acceder al agua”. Una afirmación calificada como “falsa” por la Directora Política de Greenpeace, Josefina Correa, quien recordó que “el gobierno ha recibido dos fallos en contra por no asegurar el acceso al agua a las comunidades, y aún así deben movilizarse para exigir el cumplimiento de la resolución judicial, no ha puesto urgencia a la reforma del código de agua, que sería la primera norma que reconocería el derecho de acceso al agua a nivel nacional y su coalición de gobierno rechazó la idea de priorizar el consumo en la constitución en enero del año 2020”.
La necesidad de acceder al agua fue una demanda social, expresada y recogida claramente en la votación constituyente considerando que hoy en Chile. “Ningún proyecto de esta materia ha tenido urgencia. Es irrisorio que esta materia no sea tomada en cuenta por el discurso público de quien tiene la obligación de gobernar hasta el fin de su mandato”, explicó Correa.
Para la organización ambientalista, el desafío ambiental de Chile es cambiar un modelo de desarrollo donde el Estado ha permitido que que existan Zonas de Sacrificio, donde comunidades no pueden respirar y el operar de industrias como la minería, la salmonicultura o la agroindustria forestal que han operado devastando bienes comunes ambientales: glaciares, ríos, bosques nativos, mares prístinos, ecosistemas completos ha merced de una regulación sin límites en el interés colectivo de alcanzar un acceso justo al aire, al agua, a la tierra”.
Finalmente, la directora política de Greenpeace cuestionó el discurso sobre el exitoso escenario futuro de un Chile exportador de todo tipo de energías verdes. “El futuro es promisorio sólo si se asegura la vida de quienes habitamos este espacio,permitiendo el acceso al aire, al agua y a los suelos cultivables, elementos basales de toda sociedad. Cerramos la última Cuenta Pública sin firmar el Tratado de Escazú, sin avanzar en la protección del agua, son en definitiva los mismos argumentos con las mismas respuestas que nos llevaron al desastre, por ello reorganizamos las esperanzas para que en las próximas elecciones votemos por políticas y políticos que estén comprometidos con actuar ante la crisis ambiental y ecológica.”, remató.
Fuente: Greenpeace.