El acceso a información clave sobre el uso de recursos públicos sigue presentando brechas relevantes en la Administración Central del Estado, especialmente la información presupuestaria y sobre adquisiciones y contrataciones, según la última fiscalización del Consejo para la Transparencia, que evaluó el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa en el período 2025.
La investigación analizó la disponibilidad, completitud y actualización de la información que la Ley de Transparencia obliga a publicar respecto de 338 organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo secretarías regionales ministeriales, delegaciones presidenciales regionales y provinciales, servicios de salud, hospitales, fuerzas armadas, servicios dependientes de ministerios, entre otros. Excluye a las subsecretarías, que fueron evaluadas separadamente (para más información ver: https://www.
Desde una vista agregada, la fiscalización reveló que el nivel de cumplimiento observado en este sector alcanza un promedio de 88,33%, representando un alza del orden de más de 10 puntos porcentuales respecto del año anterior (78,1%). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de información en áreas muy relevantes para que las personas puedan controlar cómo se usan los recursos públicos.
La materia con el más bajo cumplimiento es la información presupuestaria con un 57,56%. Dentro de esta materia, el ítem “gastos de representación, protocolo y ceremonial” son los antecedentes que se mantienen menos accesibles al público, con un 40,76% de cumplimiento. En concreto, 60 instituciones no publican este tipo de gastos y otras 33 los mantienen desactualizados. Lo siguen los ítems “modificaciones presupuestarias” con apenas un 45,89% de cumplimiento y “ejecución presupuestaria” que llega a 63,35%.
A esto se suma otro foco crítico: adquisiciones y contrataciones, que fue la segunda materia peor evaluada. En el detalle de los ítems que la conforman, “contratos formalizados mediante órdenes de compra” registra el menor índice de acceso con solo un 35,4% de cumplimiento. Ello, a pesar de ser un ítem que experimentó una importante alza respecto de 2024 de más de 21 puntos porcentuales. En la práctica, en 2025, 117 organismos no publicaron adecuadamente esta información, pese a su relevancia para conocer cómo se ejecuta el gasto público.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que estas cifras reflejan una deuda estructural: “Las mayores opacidades del Estado siguen concentrándose en cómo se usan los recursos públicos. Cuando esta información no está disponible o está desactualizada, se debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas. Por eso, estamos impulsando una modernización a la Ley de Transparencia que eleve y modernice los estándares y cierre progresivamente estos vacíos”.
El informe también muestra dispersión en el desempeño institucional. Mientras 46 organismos alcanzaron cumplimiento total del 100%, otros presentan rezagos significativos: 9 instituciones obtuvieron niveles críticos de cumplimiento, promediando 60 puntos o menos. Asimismo, se destaca que este año 65 instituciones bajaron su nivel de cumplimiento respecto del proceso del año anterior.
Desde el Consejo advierten que estos resultados – que serán enviados a la Contraloría General de la República – evidencian que las principales fallas se producen en la publicación de materias que requieren actualización permanente y que son clave para el control social del Estado.
Fuente: CPLT.