Cuatro académicos de la Universidad de Santiago sostienen que el proyecto merma progresivamente los ingresos de los trabajadores afectados por la cuarentena, terminarán pagándolos ellos mismos a través del seguro de cesantía, no contempla mecanismos de ayuda para que las Pymes financien al resto de su planilla no afectada, contempla un bono de apenas 15 mil pesos per cápita para una familia de cuatro personas y exime de impuestos a las grandes empresas.
El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunciaron un paquete de medidas económicas para “proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias chilenas”, en el marco de la propagación del coronavirus en el país. Dicho anuncio implica recursos fiscales por hasta US$11.750 millones.
Protección de los ingresos laborales
El proyecto de ‘Ley Covid-19’ contempla un mecanismo de protección a los ingresos laborales para quienes por la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de trabajar a distancia. La garantía se permitirá cuando exista acuerdo con el empleador o haya mandato de la autoridad sanitaria.
Sin embargo, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, explicó que la aplicación del beneficio termina provocando que los afectados por la cuarentena perciban menos ingresos.
“Su primer giro será del 70% del sueldo promedio últimas remuneraciones y el segundo mes, será de 55%. No es nada beneficioso”, consideró.
Por su parte, el economista y académico de la Usach, Gonzalo Martner, agregó que “la mantención del sueldo de las personas en las empresas se va a hacer usando el mecanismo del Fondo de Cesantía Solidario. Es decir, se van a utilizar los fondos acumulados por los trabajadores y habría un complemento que sí sería de recargo fiscal, pero en condiciones que no están claras”.
“El trabajador pagará también su cuarentena”, afirmó Salas. “El beneficio solo sería que sigue siendo trabajador en su empresa”, criticó.
Además, el ex Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, enfatizó que el beneficio va dirigido solo a los trabajadores contagiados con COVID-19 o con riesgo de contraer el virus.
“Si esta medida no va complementada con un fortalecimiento del capital de trabajo de la empresa, lo que queda con recargo al empleador con qué lo va a financiar, si tiene su establecimiento cerrado y no tiene ventas”, afirmó.
“Tendría que haber acceso a un crédito para las Pymes, que tenga al menos 90 días de gracia, en los cuales no va a estar pagando ni amortizando capital, con una tasa de interés que no exceda el 3% anual y que esos créditos sean mínimo a 24 meses. Si no, cómo va a financiar al menos la mitad de la planilla y responder a los proveedores”, agregó.
Bono Covid-19
Por otra parte, el Gobierno anunció un bono equivalente al de Subsidio Único Familiar que beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal.
Para Frigolett, esta ayuda resulta “insuficiente, porque es de aproximadamente 15 mil pesos per cápita en un promedio de cuatro cargas. Una familia no vive con eso”.
“Debiera haber un subsidio dirigido a jefas y jefes de hogar, de 200 mil pesos, equivalente al Bono Marzo, también para abril y mayo. Lo que propone el Gobierno es completamente insuficiente”, estimó.
Suspensión de pago para empresas
Otra de las medidas es la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de las empresas por los próximos 3 meses.
Para Martner, el beneficio no discrimina por tamaño de la empresa ni por sector, lo que resulta “problemático, porque un conjunto de dineros que dejarán de recaudarse van a beneficiar a los más ricos de Chile”.
“El problema es que el grueso del apoyo económico va a consistir en la suspensión del pago por tres meses, sin que se especifique cómo se devolverá después, del impuesto a las utilidades de las empresas”, agregó.
El 2% constitucional
Finalmente, el proyecto contempla reforzar el presupuesto del sistema de salud pública, suplementándolo con el llamado “2% constitucional”, para atender los gastos que se deriven de la emergencia sanitaria.
Al respecto, el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, advirtió que este gasto deben firmarlo todos los ministros y el Presidente, lo que los hace responsables directos.
“Si se gasta en contravención a la Constitución, incurrirían en responsabilidad penal por el delito de malversación de caudales públicos, además de las atribuciones de fiscalización y ejercicio de la acusación constitucional de que dispone la Cámara de Diputados”, explicó.
“Hay que tener cuidado, pues no debe mal usarse estos fondos públicos en el sentido del incentivo a la economía que se disfraza de cobertura a la crisis sanitaria. Lo primero no está contemplado como causa de la atribución presidencial”, concluyó.
Fuente: Usach.