El diputado PS Leonardo Soto destacó el proyecto de Probidad en la Función Pública, -cuyo informe de Comisión Mixta fue presentado este martes en la Sala-, asegurando que constituye “un duro golpe al tráfico de influencias y la corrupción, que a momentos parecen tener cautiva a nuestra República”.
El parlamentario señalo que la iniciativa se enmarca en el principio de que “al servicio público se viene a trabajar por vocación, y no para obtener ventajas personales”, planteando que junto al resto de la Agenda de Probidad y Transparencia “viene a cerrar cualquier puerta a la nefasta combinación de política y negocios, que es la única forma de dar respuesta a lo demandado por la ciudadanía”.
La nueva normativa aumenta tanto la profundidad como las autoridades y funcionarios obligados a realizar declaración de intereses y patrimonio, regula la enajenación forzosa de patrimonios accionarios superiores a 25 mil UF, incluye a cónyuges y familiares directos, y establece sanciones que llegan hasta la cesación del cargo, entre otras novedades.
“Y estas declaraciones estarán contendidas en bases de datos interoperables para su registro público, en formato de datos abiertos y reutilizables que garantizan que los ciudadanos tengan acceso expedito a la información”, añadió el diputado Soto.
“Ahora se conocerá con toda claridad cuál era el patrimonio que tenía una autoridad o funcionario público al ingresar a un cargo y cuál tiene al dejarlo, evitando que sus intereses privados puedan entrar en colisión con el interés público”, concluyó el parlamentario.
Fuente: Comunicaciones diputado Leonardo Soto.