Como una pésima señal para los consumidores y la confianza de la ciudadanía en los mercados, calificó la diputada Maya Fernández el veredicto absolutorio de diez ejecutivos de farmacias y laboratorios en el caso de colusión de las farmacias, por parte del Tribunal de Libre Competencia. “A algo más de dos años desde que la Corte Suprema condenara a las tres cadenas de farmacias, con este veredicto absolutorio se configura una lamentable realidad que sólo afecta a los consumidores, una vez más”, sostuvo.
A fines de marzo de este año, el Ejecutivo ingresó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone sancionar de forma efectiva a la colusión. El proyecto establece un tipo penal específico de colusión, sancionando con penas de cárcel de entre 5 años y 1 día a 10 años y de inhabilidades de 5 años para ejercer cargos públicos, de director o gerente en empresas del Estado y en sociedades anónimas abiertas, así como cargos directivos en asociaciones o colegios profesionales.
“Este proyecto, que actualmente está siendo votado en particular en la Comisión de Economía de la Cámara, es muy relevante. La criminalización de la colusión permite disuadir y sancionar como corresponde una práctica que es inaceptable y que perjudica especialmente a consumidores y a empresas de menor tamaño. Las altas sanciones son el único incentivo posible para que los ejecutivos, que son los que toman las decisiones al interior de las empresas, puedan comportarse de acuerdo con la libre competencia”, explicó la diputada por Ñuñoa-Providencia.
“Para que veredictos como el de hoy no se repitan, necesitamos la aprobación del proyecto de ley de defensa de la libre competencia”, concluyó.
Fuente: Prensa Diputada Maya Fernández.