La Mesa del Senado rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de la Republica y miembros de su gabinete, que han endosado al Congreso Nacional, sus responsabilidades en el fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Se ha hecho habitual, en estos últimos años, apuntar al Poder Legislativo, por las fallas en el control de la seguridad pública, en circunstancias que es el Poder Ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función.
Carece por completo de verosimilitud, que sea la falta de legislación la que impida perseguir estos ilícitos. Las normas siempre pueden perfeccionarse, pero existen suficientes disposiciones para investigar y sancionar los hechos que han ocasionado conmoción pública en los últimos días.
La responsabilidad del Gobierno en el tema queda meridianamente expuesta en diversas situaciones.
En primer término, es el responsable del grave deterioro de la policía uniformada, que es clave en la prevención del delito. Pese a los esfuerzos que se han realizado en el Senado, en el seno de la comisión de Seguridad Pública, desde donde han emanado hojas de ruta y propuestas para una reforma integral y profunda de Carabineros de Chile, el Gobierno aun no ha presentado a discusión los proyectos de ley que se requieren para mejorar de manera sustancial la legitimidad y profesionalización de la institución.
Asimismo, pese a las restricciones de funcionamiento por la pandemia, el Senado ha seguido avanzando en proyectos relativos a seguridad pública. Lamentablemente, es el propio Ejecutivo el que no ha presentado indicaciones a algunos de ellos, o ha sido incapaz de construir acuerdos para posibilitar su avance, como son los casos de los proyectos de ley que reforman la ley de control de armas y la ley de inteligencia, respectivamente.
Por último, una muestra cabal de la inacción del Gobierno en estos temas, es que el día de hoy, ha anunciado el envío de un proyecto de ley sobre crimen organizado, que ya había comprometido públicamente a comienzos de noviembre. Vale decir, en más de 45 días no concretó iniciativa alguna y lo ha hecho recién ante la contingencia, tras los sucesos de Maipú.
Tal como lo señalamos personalmente, al inicio de nuestra gestión como Mesa, estamos absolutamente disponibles para seguir avanzando en la modernización y perfeccionamiento de nuestra legislación en esta materia, con un espíritu de diálogo, colaboración y respeto mutuo.
Sin embargo, exigimos el adecuado respeto por las instituciones democráticas. No resulta entendible que mientras continuamente, tanto el Presidente de la República como los ministros valoran públicamente el apoyo y colaboración del Congreso Nacional, se reaccione con agudas y destempladas críticas cada vez que el Ejecutivo enfrenta problemas.
Adriana Muñoz D’Albora Rabindranath Quinteros
Presidenta Vicepresidente
Fuente: Senado.