Revolución Democrática expresa su rechazo por el acto de detención ciudadana ocurrido en Santiago el 26 de noviembre, en que un joven de 16 años fue detenido, golpeado, desnudado y amarrado con papel alusa transparente por sujetos desconocidos luego de haber sido sorprendido en la ejecución de un robo a una persona de la tercera edad.
Como movimiento que espera profundizar la democracia en un marco de respeto irrestricto de los Derechos Humanos, consideramos que este hecho atenta contra el Estado de Derecho y nuestro ordenamiento jurídico, en el cual la labor de procesar, investigar y sancionar a quienes cometen delitos está únicamente radicada en el Ministerio Público, en Carabineros y la Policía y el Poder Judicial. En este contexto, el Estado entrega a los ciudadanos la facultad (y no el deber o el derecho) de detener a ciudadanos sorprendidos en la comisión de un delito flagrante de acuerdo a nuestra legislación procesal penal y con la consecuente obligación de entregar inmediatamente al detenido a las Policías o al Ministerio Público. Quienes sometieron a este joven a tal padecimiento incumplieron dicha obligación, infracción por la cual deberían ser detenidos y procesados por el delito de detención arbitraria del artículo 143 del Código Penal, además de por las lesiones que sufrió el sujeto en el marco de dicha detención. Lo grave en este caso en particular es que quienes denostan la dignidad de un delincuente, se transforman ellos mismos en delincuentes.
La experiencia latinoamericana ha mostrado que actos de violencia en contra de delincuentes contribuyen a escalar los actos delictuales, pasando de golpes a armas blancas, y de éstas a armas de fuego. Es deber de todos y todas, y en particular del Estado hacer de las detenciones un acto no-violento, que cumpla con las normas del debido proceso. Estas escaladas de violencia tienen serias consecuencias para la democracia que no deben ser subestimadas.
En este marco consideramos un deber recalcar que la difusión de este tipo de hechos en redes sociales y medios de comunicación masiva debe resguardar estándares éticos y de respeto a los derechos humanos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la integridad física y psíquica, y la prohibición de recibir apremios ilegítimos. La difusión de imágenes denigrantes y la banalización con la que se ha presentado el hecho, son situaciones que rechazamos enérgicamente, dado el poder de influencia de los medios. La reproducción de una cultura de deshumanización del delincuente evidencia una lógica de “delincuente vs. ciudadanos”, como si los delincuentes no fueran ciudadanos, ni personas portadoras de derechos a respetar y garantizar.
No obstante lo anterior, comprendemos la desprotección de la ciudadanía frente a las actuales políticas de prevención y combate del delito. Es responsabilidad del Estado y sus policías proteger la integridad física y psíquica de sus habitantes. Ambos hechos delictuales fueron cometidos en el centro cívico de Santiago, una de las áreas con mayor densidad de carabineros en el país, sin embargo el tiempo de respuesta de la policía fue excesivo y permitió no sólo el primer delito, sino además el secuestro y humillación de un adolescente. “Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, ni será detenido o privado de su libertad ilícitamente. Todo niño privado de su libertad tendrá acceso a la asistencia jurídica, así como a mantener contacto con su familia”, señala la Convención de derechos del niño. Instamos al Ministerio del Interior y a los organismos involucrados en la protección de los derechos humanos a tomar las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se repita.