El Consejo Nacional de Educación ha rechazado de forma unánime, y por segunda vez este año, la solicitud del Ministerio de Educación para eliminar la prueba SIMCE de segundo básico. Hace dos años denunciamos el sinsentido de aplicar un examen SIMCE a la temprana edad de siete años y, como entonces, nos oponemos a tal medida. Pruebas como el SIMCE se presentan de manera completamente descontextualizada, sin respetar las características de desarrollo de los niños y niñas, favoreciendo a muy temprana edad una mala disposición al aprendizaje.
El SIMCE discrimina, excluye y agobia. Esa es una realidad que vemos en las escuelas, cuando hacemos clases, cuando nos presionan por resultados medibles, y cuando buscamos entender el sistema mediante la investigación. El SIMCE discrimina porque termina siendo la justificación para que niños y niñas no sean aceptados en las escuelas. El SIMCE excluye no solo a personas, sino también las visiones de una educación integral, al reducir todo a un puntaje que solo los grupos más ricos del país pueden cumplir por defecto. El SIMCE agobia, pues genera una serie de incentivos y castigos a las escuelas y los docentes, que finalmente afectan a los niños y niñas, que se ven obligados a vivir una escolaridad tediosa, descontextualizada y poco desafiante, impactando negativamente el gusto por aprender y asistir a la escuela.
Ante las críticas levantadas por la Campaña Alto al SIMCE, el gobierno usó una receta usual: convocar a una comisión de expertos. Hasta la fecha, esta comisión no ha liberado su informe final, remitiéndose a realizar recomendaciones cosméticas en enero de 2015. Así, el gobierno anunció, de forma absolutamente negligente, que el SIMCE de segundo año básico sería eliminado, lo que disminuiría en parte la carga de 17 pruebas SIMCE aplicadas al sistema. Sin embargo, el gobierno no tuvo la suficiente voluntad ni capacidad política para impulsar tal anuncio, y recibió la negativa del Consejo Nacional de Educación. El SIMCE de Segundo Básico se mantiene, y con ello la discriminación, exclusión y agobio escolar para los 200 mil niños de siete años de edad en las escuelas hoy en día.
Esto solo nos demuestra que la institucionalidad no está dando respuesta satisfactoria a los problemas concretos de las escuelas, problemas que nacen de políticas de mercado como el SIMCE. El SIMCE no es una evaluación de aprendizajes, es una medición que pretende responsabilizar individualmente a las familias sobre los destinos educativos. Es una irresponsabilidad mantenerlo en un clima de clamor por la educación como derecho. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado voluntad de hacerlo en serio, y se ha atrincherado en una disputa que atribuirá culpas al Consejo Nacional de Educación. El Consejo, de forma unánime, rechaza terminar con el SIMCE en base a los mismos argumentos tecnocráticos con que se desprecia la evaluación contextualizada que realizan los docentes. Así, entendemos que no hay más caminos que la actuación responsable de las comunidades escolares frente a las arbitrariedades de quienes atacan el derecho a la educación usando como excusa la “disponibilidad de información”. Llamamos a los padres madres y apoderados del país y a los y las estudiantes a considerar que no hay obligación legal para rendir el SIMCE, y que tienen derecho constitucional a la objeción de conciencia.
Campaña Alto al SIMCE.