- Cristián Monckeberg B., Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad del Alba.
- Marcelo Gutiérrez G., Abogado, Académico del Instituto Internacional de Estudios para la Democracia, Universidad del Alba.
Detrás de un proyecto de inversión hay más que un monto anunciado. Hay trabajadores que esperan una oportunidad, pequeñas empresas que podrían convertirse en proveedoras y familias que necesitan ingresos estables. Por eso, la discusión sobre los permisos debe considerar algo esencial: ¿cuánto demora una iniciativa en transformarse en actividad económica y empleo?
Los avances informados por el Gobierno en la tramitación de autorizaciones son una señal positiva. Identificar expedientes pendientes, fijar responsables y reducir atrasos permite enfrentar un problema que durante demasiado tiempo se asumió como parte inevitable del funcionamiento del Estado. Cumplir los plazos legales debiera ser una obligación cotidiana de la administración.
Sin embargo, resolver permisos es una etapa del proceso. Una iniciativa autorizada todavía debe conseguir financiamiento, contratar proveedores e iniciar sus obras. El desafío es que los avances administrativos se traduzcan en decisiones de inversión y puestos de trabajo. Esa es la medida que finalmente importa a quienes buscan empleo.
Para conseguirlo, se requiere certeza jurídica. Quien invierte necesita conocer las exigencias, los tiempos de respuesta y los criterios que aplicará la autoridad. También las comunidades merecen procedimientos comprensibles y decisiones fundadas. La protección ambiental y patrimonial exige instituciones capaces de resolver con rigor y dentro de plazos razonables.
Simplificar implica eliminar duplicidades, coordinar organismos y distinguir entre proyectos según sus riesgos. Exigir la misma intensidad de revisión a situaciones diferentes consume recursos públicos y retrasa decisiones. Una fiscalización eficaz debe concentrar sus capacidades donde existen mayores posibilidades de daño.
La tecnología puede ayudar. Digitalizar expedientes y utilizar inteligencia artificial para ordenar antecedentes ofrece oportunidades concretas. Pero ninguna herramienta reemplaza la responsabilidad de decidir. Si los servicios mantienen criterios contradictorios o carecen de equipos suficientes, la modernización tendrá un alcance limitado.
En las regiones, esta discusión tiene consecuencias especialmente visibles. Una obra que se posterga también retrasa contratos para transportistas, servicios de alimentación, comercio y empresas locales. Por eso, la agenda de inversión debe incorporar las capacidades de los territorios y facilitar que sus trabajadores y proveedores participen de las oportunidades que se abren.
También corresponde al sector privado convertir las mejores condiciones en proyectos viables. La contratación depende de expectativas de demanda, productividad y acceso al financiamiento. Recuperar la confianza exige consistencia entre las reglas que se anuncian y su aplicación.
Chile necesita avanzar desde el anuncio hasta la ejecución. Para evaluar ese recorrido, debemos observar proyectos que comienzan, recursos que efectivamente se invierten y empleos formales que se generan. Agilizar permisos cobra todo su sentido cuando permite que una oportunidad deje de estar en un expediente y llegue a la vida de las personas.
Fuente: We Comunicaciones