El pleno de la Corte Suprema acordó otorgar un nuevo periodo de un mes –enero de 2016– de dedicación exclusiva a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Mireya López Miranda, quien sustancia la investigación (causa rol 1.250-2011 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago), del caso conocido como: “Falsos exonerados políticos”.
La decisión la adoptó el pleno tras recibir un pre-informe final en el que la ministra López Miranda detalla los avances que ha logrado en la indagatoria desde que fue designada con dedicación exclusiva por el máximo tribunal, el 5 de junio de 2013.
En la causa, la magistrada entre la fecha de designación y junio de 2014 se mantuvo con dedicación exclusiva. Entre junio de 2014 y abril de 2015, López alternó trabajo en sala y con la investigación; en tanto, en el periodo que va entre el 15 de abril y el 31 de diciembre próximo retomó la dedicación exclusiva a la causa.
Durante la tramitación de la causa se han analizado 18.600 casos relacionados con la obtención de pensiones de conformidad a la Ley N° 19.234, que concede beneficios a los exonerados políticos. A la fecha, 17.767 –que corresponden al 96% del total– han concluido a través de sentencias condenatorias, sobreseimientos totales por muerte de quienes recibieron dichos beneficios o por sobreseimiento temporal.
Quedando pendiente solo 833 casos a la espera de diligencias, tales como: recepción de exhortos desde el extranjero e interrogatorios para verificar la efectividad de los antecedentes aportados para recibir los beneficios.
De los casos con sentencia, dos se encuentran con condena ejecutoriada; 4 con sentencias condenatorias dictadas en primera instancia y en consulta o apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, se han dictado otras cuatro acusaciones y dos procesamientos en otras aristas.
Además, la investigación ha logrado determinar que hubo parlamentarios que extendieron masivamente certificados (más de cien documentos cada uno) para acreditar la relación laboral de los exonerados con diversos organismos y servicios públicos que no tenían relación con el ámbito del parlamentario. Lo que motivó al tribunal a solicitarles informes sobre la materia. Pese a contar muchos con fuero, hubo parlamentarios que renunciando a la prerrogativa entregaron lo solicitado, colaborando con la investigación.
Asimismo, se ha logrado determinar la extensión de certificados en los que se falsificó la firma de la respectiva autoridad parlamentaria o de dirigentes de partidos políticos, circunstancias que se sigue investigando.
Fuente: Prensa Poder Judicial.