Chile Vamos solicita a Contraloría que declare ilegal contrato para realizar documental de Bachelet
El diputado RN, Nicolás Monckeberg, y el prosecretario UDI, Jorge Alessandri, criticaron que la realización de dicho material audiovisual haya sido adjudicada de manera directa y sin licitación pública a una funcionaria de gobierno. Además, acusaron una publicidad encubierta para la Presidenta.
Hasta la Contraloría General de la República llegó el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, y el abogado experto en derecho administrativo Rodrigo Urzúa, para solicitar a dicha institución que se pronuncie respecto al contrato adjudicado por La Moneda -de manera directa y sin licitación pública- para realizar un documental sobre la Presidenta Bachelet.
“Le venimos a pedir a la Contraloría que declare ilegal el contrato en que en forma inédita se asigna 40 millones de pesos a quien era una funcionaria de la Presidencia de la República -Tatiana Gaviola- hasta el 31 de diciembre de 2015 y para que a partir del 1 de enero de 2016 se elabore un documental supuestamente para mantener el archivo histórico de la Presidencia de la República”, partió diciendo Monckeberg.
A juicio del parlamentario la iniciativa de Palacio es ilegal en su forma y fondo. “En primer lugar, desde el punto de vista formal un contrato de este tipo no se hace por trato directo, aquí correspondía que se haga por concurso público, en nuestra opinión no están los fundamentos legales para justificar un contrato a dedo, ni mucho menos para asignárselo a quien prestaba servicios en la misma Presidencia de la República, eso genera un conflicto de interés y está expresamente prohibido que un funcionario en ejercicio reciba un contrato directo por parte de su jefe, en este caso de Cristián Riquelme”.
En esa línea, Monckeberg aseguró que “lamentablemente Cristián Riquelme y la Presidencia de la República nos están acostumbrando a asignarle a dedo a proveedores de la campaña presidencial este tipo de contratos, ya ocurrió hace algunas semanas con una agencia de publicidad, ahora con este documental y creo que esto afecta seriamente la transparencia que requiere el país”.
El legislador RN agregó que “además hay una razón de fondo, pues este gobierno no lleva ni siquiera la mitad de su período y lamentablemente aquí se quiere decir que se está haciendo un documental para reguardar el testimonio y el legado de este gobierno, pero nadie puede estar resguardando testimonios y legado de un gobierno que ni siquiera cumple la mitad del periodo.
“Aquí se está haciendo una publicidad encubierta y está expresamente prohibido esa actividad publicitaria la paguen fondos públicos”, remató Monckeberg.
Por su parte, Alessandri señaló que “queremos decirle muy claramente al Gobierno que la plata de todos los chilenos solamente se puede gastar en cosas que beneficien a todos los chilenos. La plata de todos los chilenos, no se pueden gastar en una imagen publicitaria, en ensalzar a un político, menos en año electoral, menos en un funcionario interno del Palacio de La Moneda.
El dirigente gremialista comentó que en esta situación está “todo mal, la forma, el fondo, y lo más importante de todo es que con qué cara le van a decir a la gente de la V, de la VIII Región que no hay plata para su consultorio, que no hay plata para su especialista, pero sí hay plata para mostrar que la Presidenta es cercana”.
Consultado sobre las diferencias entre este documental y los libros del ex Presidente Piñera,
Alessandri indicó que “existen grandes diferencias: primero, los libros los hizo la Segegob, la función legal de la Segegob es la difusión, en este caso, (el documental) lo hace la Presidencia de la República; segundo, uno se hace al fin del mandato, cumpliendo con la ley 20.500, el otro se hace a la mitad del mandato; tercera diferencia, la Contraloría no objeta más que a quién se entregaron (los libros), en cambio, estoy seguro que el nuevo Contralor va a objetar este gasto en este documental”.
A su vez Urzúa explicó que “las normas que regulan los gastos en difusión, así como las que rigen la contratación sin licitación, son especialmente restrictivas. Las primeras prohíben el uso de fondos públicos con el único fin de resaltar la imagen de una autoridad o de un gobierno. Y, las segundas, establecen una serie de requisitos y fundamentos en resguardo del interés general. El haber asignado así un contrato con estas características resulta poco transparente”
“En su resolución, la Dirección Administrativa de la Presidencia sólo se limitó a indicar que los servicios contratados eran especializados ya que implicaban hacer un seguimiento al quehacer de la Presidenta en actividades oficiales y protocolares. Sin embargo, dicha autoridad es permanentemente acompañada en sus actividades por un número importante de personal de apoyo. Esto hace poco objetivo y transparente asignarles el carácter de especialísimos a los servicios, como se ha pretendido”, sentenció el abogado.
Fuente: Prensa Chile Vamos.