Dado que aún no se formaliza dicho texto, los legisladores decidieron continuar revisando el presentado por la administración anterior. El Minsal expuso una propuesta que difiere en varios puntos de la primera.
La primera semana de noviembre, la Comisión de Salud dará una segunda mirada al proyecto que modifica el sistema privado administrado por las Isapres, incorporando un Plan Garantizado de Salud (PGS), que se encuentra en segundo trámite.
Así lo acordaron sus integrantes luego de escuchar a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, quien aseguró que “estamos haciendo los últimos esfuerzos para presentarlo al Congreso Nacional, pero aún no es posible dar fechas. Esperamos que sea antes de fin de año porque la presidenta Michelle Bachelet así lo comprometió”.
La presidenta de la Comisión, la senadora Carolina Goic declaró que “dada esa respuesta, nosotros seguiremos con nuestro cronograma. Esperamos que antes de la primera semana de noviembre el Ejecutivo presente una indicación sustitutiva o un mensaje nuevo, pero mientras no sea así, nosotros seguiremos avanzando”.
Pese a que no existe una fecha determinada para este trámite, la secretaria de Estado presentó un borrador del ante proyecto de ley denominado “Nuevo modelo y marco jurídico del sistema privado de salud”. El documento está siendo estudiado a diversos niveles técnicos del Minsal, Fonasa, la Superintendencia de Salud, y los Ministerios de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Al respecto, la senadora Goic valoró el texto, asegurando que “me parece que va en la línea correcta, particularmente porque crear un sistema bajo la lógica de la seguridad social desde una mirada del corto, mediano y largo plazo”.
“Valoro elementos como la solidaridad entre las generaciones, es decir, que los más caros (gente de la tercera edad, mujeres en edad fértil y los niños menores de dos años) puedan ver solventados sus gastos con los que hacen menor uso del sistema”, comentó.
Por su parte, el senador Guido Girardi, se refirió a la gradualidad anunciada por la ministra asegurando que “me parece bien que el Gobierno esté trabajando en la reforma pero será el Congreso quien dé la última palabra, por lo demás soy partidario de eliminar la declaración de salud porque me parece inmoral”.
“Lo que hace este instrumento es buscar establecer la preexistencia que es no atender a los enfermos, que es la misión de una institución de salud. No somos partidarios de la gradualidad como Comisión, queremos restablecer el juramento hipocrático”, insistió.
Consultado respecto a la incertidumbre que existe respecto a cuándo el Gobierno presentará el proyecto, el congresista recordó que la norma que hoy discuten es de su autoría. “Acá no existe una rivalidad, no hay disputa de competencia. Prefiero que tratemos una norma de este Gobierno, pero mientras ello no pase, seguiremos avanzando en la otra”, aclaró.
En su exposición, la ministra Castillo comparó el proyecto en trámite que se basa en un Plan Garantizado de Salud (PGS) y la propuesta que se está elaborando y que ha sido denominada Conjunto de Beneficios de Salud (CBS).
Comenzó recordando la conformación de la Comisión Asesora Presidencial que recomendó avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social de salud para el conjunto de la población. “Éste debe tener como pilares la solidaridad, la universalidad, la integralidad de prestaciones, la libertad de filiación, un seguro de largo plazo, y una evaluación comunitaria de riesgos para la fijación de tarifas”, detalló.
Respecto del CBS, explicó que se basa en Fondo Mancomunado Universal donde van todas las cotizaciones de los afiliados a las Isapres y a Fonasa. En función de ello se entregarían prestaciones universales (80% hospitalarias y un 60% ambulatorias). A su vez, el modelo contempla un Fondo de Compensación de Riesgos Inter-ISAPRE, de manera que aquellas que tienen mayores costos se ven solventadas por las que tienen menos.
El principal diferencia que plantea el anteproyecto es que mientras el PGS se basaba en un plan “básico” (mínimo) de salud común a todas las Isapres; el CBS consiste en una reforma al sistema de salud privado (incluye nueva institucionalidad y ajustes en el sistema público).
En este nuevo paradigma, se amplían las prestaciones porque no solo se igualan las que entrega Fonasa (Garantías Exigibles de Salud (GES o AUGE), exámenes de medicina preventiva, prestaciones Curativas No GES / Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), Ley de Urgencias), sino también contempla la protección del embarazo y el niño, las prestaciones de la Modalidad Libre Elección (MLE) y la Modalidad Atención Institucional (MAI), y los diagnósticos y tratamientos alto costo (ley Ricarte Soto).
En el nuevo proyecto, se integra a Fonasa en forma gradual, mientras que el PGS no lo hacía. Asimismo, este último tenía una implementación obligatoria, ahora sería voluntaria para los antiguos contratos y obligatoria para los nuevos. Otra diferencia es que el proyecto en trámite establecía el precio del plan en función de cada cotizante, mientras que el conjunto de beneficios se solventaría en la cotización legal (7%) por grupo familiar.
Fuente: Prensa Senado.