Los funcionarios del Tribunal Constitucional (TC) estamos viviendo días muy difíciles por las múltiples denuncias por maltrato laboral, en contra de la actual presidenta de la institución.
La Asociación de Funcionarios del TC (AFUTCCH), ha decidido ser parte de esta investigación por la gravedad de los hechos presentados. Esa participación abarcará desde velar por un sumario justo para todas las partes, como también dar apoyo a socios que son parte de las denuncias o testigos de los hechos presentados por los denunciantes.
Existe un proceso en curso reglado por auto acordado del mismo Tribunal, que es aplicable tanto para los trabajadores del TC como para los ministros del mismo, prueba de su validez como instrumento es el hecho irrefutable, de que la propia presidenta lo invocó para iniciar un sumario interno contra el ex director DAF y que ahora objeta cuando ella es investigada.
Algunos medios periodísticos han dado énfasis en una supuesta pugna entre ministros, pero lo realmente grave en este caso es el supuesto mal trato de una máxima autoridad hacia funcionarios. Lo que realmente importa a los ciudadanos trabajadores es si son ciertas o no las denuncias presentadas.
Los hechos
1.- Múltiples denuncias y testificaciones de acoso y maltrato laboral que hoy existen en contra de la ministra presidenta señora María Luisa Brahm, en desmedro de funcionarios y ex funcionarios de la misma magistratura, las cuales son de público conocimiento a través de distintos medios de prensa.
2.- La AFUTCCH no puede ni permitirá ser excluido de participar de una causa que afecta directamente a los funcionarios del TC. No participar cuestiona la esencia de esta asociación, porque se creó precisamente para proteger a los funcionarios de abusos, y especialmente de algo que es grave en toda empresa o institución; el maltrato laboral.
3.- Está vigente un auto acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias ( http://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_documento2.php?id=3446 ). En este documento queda claramente definido y sin ambigüedad lo referido a la situación de un ministro:
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación: dice que “será aplicable a los Ministros”
Artículo 13.- Presentación de denuncia: dice “En caso que el denunciado sea un Ministro, el Secretario del Tribunal u otro funcionario que tenga el mismo grado que aquél, deberá presentarse ante el Presidente. Si el denunciado fuera este último, la denuncia deberá ser presentada ante el Ministro que le siga en antigüedad.”
Artículo 19.- Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad, Colaboración con la Investigación y Citación de Testigos: dice “El investigador deberá indagar y agregar al expediente tanto los antecedentes que puedan perjudicar al afectado, como los que puedan exculparlo o atenuar su responsabilidad. Todos los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía o la naturaleza de su cargo, deberán colaborar con la investigación, prestando declaración o proporcionando los antecedentes que les solicite el Investigador.”
Artículo 21.- Medidas Respecto de la Persona Investigada: “El Investigador podrá solicitar a la Sala que no integre el Presidente del Tribunal o el Ministro denunciado, en su caso, que se suspenda al investigado o se le destine transitoriamente a otras funciones por el tiempo que dure la investigación, sin que estas medidas afecten a sus remuneraciones.”
4.- El auto acordado rige desde el 7 de abril de 2016 por lo que va a cumplir 5 años de vigencia, sin ninguna observación en su contenido. Fue firmado por los ex ministros Carlos Carmona, Marisol Peña, Domingo Hernández. Los ministros que también firmaron y son parte del actual Pleno de Ministros; María Luisa Brahm, Iván Aróstica, Gonzalo García, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo y José Ignacio Vásquez.
5.- El auto acordado fue utilizado para el sumario administrativo del ex Director de Administración y Finanzas, señor Julio Ortiz y que fue cerrado y sentenciado hace no más de dos meses atrás. Lo anterior implica que todo el Pleno de Ministros estaba en conocimiento reciente de su contenido y no hubo observaciones respecto a invalidar algunos de sus artículos.
Las acciones
1.- Funcionarios y ex funcionarios denuncian o testifican sobre mal trato laboral.
2.- Se activa el auto acordado, que en su artículo 13 define que si el presidente es el denunciado, la denuncia debe recibirla el ministro más antiguo del Pleno de Ministros, por lo tanto el ministro Iván Aróstica inicia la investigación.
3.- La AFUTCCH se hace parte del sumario e inicia las acciones necesarias para que este sumario no sea anulado y que los funcionarios afectados queden sin justicia al daño que se les ha provocado. También quiere evitar que se agregue otro argumento para aquellos que quieren eliminar a nuestro ya tan cuestionado Tribunal Constitucional, en medio del proceso constituyente.
4.- Los ministros del Pleno de Ministros se reúnen para dar una salida a esta situación, sin acuerdo unánime que es lo requerido para tan grave situación.
5.- La ministra Brahm, por medio de su abogado, solicita que el Pleno de Ministro vote para que el auto acordado que rige hace 5 años, sea declarado no aplicable a un ministro.
Nuestra posición como gremio
Dada la eventualidad de que la investigación disciplinaria interna que actualmente se mantiene en curso, no prospere, y en definitiva sea desestimada por aspectos técnicos y de forma, sin siquiera hacerse cargo del fondo y de las denuncias que a la fecha se registran, es que la AFUTCCH tiene el derecho y el deber moral de manifestar la importancia y necesidad de que cualquier denuncia por acoso laboral y maltratos en perjuicio de algún funcionario de la institución, debe ser investigada en un proceso justo que otorgue garantías a todos los intervinientes, respetando el derecho a defensa, ponderando el mérito de los antecedentes, determinando las responsabilidades y sancionando en definitiva a quienes resulten responsables.
Cualquier acción que impida una investigación en derecho y moralmente validada sobre hechos de tanta gravedad, solo puede contribuir a enlodar la imagen del Tribunal de cara a la ciudadanía, cubriendo con un manto de dudas la veracidad sobre la ocurrencia o no de los hechos denunciados y generando un escenario de impunidad del Pleno de Ministros frente a los funcionarios y a todos los chilenos que nos observan con recelo. Todos quienes conformamos la institución, incluyendo a los ministros, tenemos el deber moral y el derecho de que las investigaciones sigan su curso definido y se pronuncien sobre el fondo del asunto.
Actualmente se encuentra vigente el auto acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias, donde constan las firmas de los ministros anteriormente mencionados y que con su firma se comprometieron a respetar y hacer respetar dicho auto acordado. En la palabra de un ministro del TC está la defensa de los derechos fundamentales de todos los chilenos y ellos deben sentir la enorme responsabilidad que eso significa. No respetar las normas y regulaciones, que ellos mismo exigen respetar al resto de chilenos, es moralmente reprochable. Este auto acordado, que la defensa de la ministra presidenta Sra. Brahm pide sea desconocido por los propios ministros que lo crearon, se convertirá en el símbolo de lo que el TC representa para la ciudadanía.
Queremos expresar que cada ministro tiene en sus manos el destino de nuestra institución, la esperanza de justicia para quienes fueron maltratados, la esperanza de justicia para quienes serán maltratados aquí y en otras instituciones, la esperanza de justicia de cualquier ciudadano que vea vulnerado sus derechos constitucionales, el honor y respeto de la figura de un ministro del TC y de los cincuenta años de historia de la institución.
Terminamos nuestra carta abierta con dos preguntas a cada uno de los señores ministros;
¿Es moralmente aceptado por usted que todos los ciudadanos de este país, incluyendo a nuestras altas autoridades de la República, puedan ser sumariados o lo que corresponda, y un ministro del Tribunal Constitucional no?
¿Permitirá que una acción tan grave, como es el mal trato laboral, quede impune solo por un supuesto error respecto a que usted como ministro del Tribunal Constitucional no puede ser tocado?
La ciudadanía y nosotros esperaremos atentos los acontecimientos y resultados de la votación de nuestro Pleno de Ministros.
Jorge Aguayo Ibáñez Secretario
Andrés Morán Pizarro Tesorero
Leonardo Carrasco Vargas Presidente