Con 79 votos a favor, 25 abstenciones y 0 en contra, fue aprobado en general, en la Cámara Baja, el proyecto de ley que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior; además, asegura el derecho a asociación y autoriza dictar nuevos estatutos para las universidades de Valparaíso y de Santiago.
Un nuevo y trascendental avance registró este martes (6) el proyecto de ley, tendiente a renovar su actual Estatuto Orgánico. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados resolvió aprobar, en general, el proyecto de ley que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior (DFL 2), asegura el derecho de asociación y, junto a ello, autoriza a dictar nuevos estatutos para las universidades de Valparaíso y de Santiago.
Fueron 79 votos a favor de la iniciativa firmada en junio por la presidenta Michelle Bachelet, 25 abstenciones y 0 votos en contra, los que dieron la aprobación al proyecto que ahora deberá continuar su tramitación legislativa con miras a su aprobación definitiva.
Para el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, la aprobación del proyecto de ley constituye, “un paso firme hacia la democratización de la Universidad”.
“En estas horas de gran satisfacción deseo entregar mi reconocimiento, una vez más, al Consejo Académico de ayer y de hoy, a Decanos y Ex Decanos, a los representantes de las Asociaciones Gremiales del Plantel, a los integrantes del Comité de Estatuto Orgánico, a la Federación de Estudiantes y a la comunidad en general, pues todos trabajamos juntos, poniendo como centro a la Universidad”, expresó la máxima autoridad del Plantel a través de un comunicado dirigido a las y los integrantes de la Institución.
En su mensaje, el rector Zolezzi recordó que, desde el año 1982, rige como Estatuto Orgánico de nuestra Universidad el DFL. N° 149, de Educación, “impuesto por el gobierno autoritario, sin consulta alguna a la comunidad universitaria, cuerpo legal que se ha mantenido invariable por más de 30 años, y cuya derogación constituye una sentida aspiración de esta comunidad”.
Este anhelo institucional se plasmó –según sostuvo el rector- en el proyecto presentado al Poder Ejecutivo en diciembre de 2009, “y que contiene una fórmula razonable de participación triestamental, equilibrio de poder y un esquema de gestión con rasgos propios de una universidad del Estado”.
“El proyecto de estatuto aprobado para nuestra Universidad es el resultado de un ejemplar proceso de participación de los tres estamentos universitarios, y representa el sentir de esta comunidad, sin perjuicio de los eventuales ajustes que, sin alterar la esencia del proyecto aprobado en el plebiscito, pudieran introducírsele para perfeccionarlo, lo que podría efectuarse dentro del plazo de seis meses que se concederá a las mencionadas universidades, conforme a lo indicado en el Mensaje Presidencial mediante el cual se solicita esta ley delegatoria”, planteó la máxima autoridad de la Corporación.
Finalmente, el rector ratificó su compromiso para que, una vez resuelto el trámite del DFL que apruebe el nuevo Estatuto Orgánico, se generen, internamente, “los espacios para discutir los eventuales cambios de fondo al texto del Estatuto Orgánico aprobado en el Plebiscito”.
Amplio respaldo parlamentario
Desde la Cámara de Diputados, la mayor parte de los parlamentarios valoró la aprobación en general de este proyecto de ley.
El presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas, sostuvo que la resolución legislativa, “salda una vieja deuda y busca adecuar nuestra legislación a las realidades actuales”.
“El país y este Congreso hacen su trabajo para profundizar nuestra democracia y permitir que el ciudadano pueda sentirse partícipe no obstante subsisten normas decimonónicas que nos recuerdan momentos que queremos dejar atrás”, expresó Venegas, refiriéndose a la actual normativa que rige a las universidades estatales.
Asimismo, la diputada Karol Cariola, se preguntó “cómo, después de tantos años, recién estamos dando un paso tan fundamental para el desarrollo de nuestra democracia y particularmente para la democracia interna de las instituciones de educación superior”.
“La participación de los trabajadores y los estudiantes, permitida por ley, es un elemento fundamental en el proceso de democratización”, aseveró la parlamentaria.
Finalmente, el diputado Gabriel Boric, calificó la aprobación del proyecto de ley como, “una conquista del movimiento estudiantil, del movimiento por la educación, de las comunidades universitarias, de trabajadores, académicos y de todos y todas quienes creemos en los derechos y en que la democracia debe imponerse por sobre el mercado”.
A juicio del diputado, las organizaciones y fuerzas sociales “han sido capaces de concretar el avance democratizador más claro, más sustantivo que ha tenido la educación desde la transición a la democracia”.
Fuente: Comunicaciones Universidad de Santiago.