Con más de 300 asistentes, el evento convocado por la CNC reunió al ministro de Seguridad, Luis Cordero, las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Carolina Tohá, parlamentarios, alcaldes y representantes de organismos internacionales, en un encuentro que busca dar una respuesta multisectorial frente al avance del contrabando y las economías ilícitas.
Con una convocatoria transversal y más de 300 asistentes, concluyó este jueves el 2º Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado. La instancia, convocada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), culminó con la entrega oficial de un documento con 12 propuestas prioritarias a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Carolina Tohá, así como al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Este acto simbólico, realizado durante la ceremonia de clausura, marcó el cierre de un espacio inédito de colaboración público-privada en torno al crimen organizado.
Uno de los momentos centrales fue la ceremonia de entrega de las 12 propuestas elaboradas en las mesas de trabajo a las candidatas presidenciales y autoridades presentes. Estas medidas representan una hoja de ruta práctica para enfrentar el crimen organizado, y buscan ser integradas en los programas de gobierno y llevadas a la acción desde el próximo ciclo político.
“El crimen organizado se ha ido metiendo en nuestro país desde hace bastante tiempo. Al principio nadie le dio importancia y a estas alturas nos tiene complicados. Lo vemos en extorsiones, en secuestros -que están aumentando-, homicidios con cuerpos descuartizados o signos de tortura, trata de personas, comercio ilegal, robos sofisticados y, lo peor, corrupción”, afirmó Evelyn Matthei.
Por su parte, Carolina Tohá defendió la labor del gobierno en materia de seguridad y afirmó que en su rol de ministra del Interior se logró un punto de inflexión respecto a las cifras de criminalidad. No obstante, señaló que “Chile sigue teniendo niveles de inseguridad superiores a lo tolerable. Las personas tienen temor y no quieren acostumbrarse a tener temor. El país necesita, se merece y debe buscar niveles de seguridad mucho más altos”. Y añadió que “con la misma claridad que digo que hay inflexión, no puede haber complacencia, pero sí hay que llegar a la conclusión, a través de la evidencia, de que el accionar mueve las cosas y que cuando se trabaja seriamente se logra cambiar la realidad”.
Durante dos días de trabajo, se reunieron representantes del Estado, policías, fiscalías, municipios, gremios, empresas, universidades y organismos internacionales, quienes compartieron diagnósticos y propuestas. Las cuatro mesas de trabajo —moderadas por expertos como Carlos Gajardo, Pablo Zeballos y Gastón Schulmeister— abordaron brechas legales, inteligencia financiera, control de fronteras y cooperación internacional.
El presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que “hemos querido trabajar con dos objetivos. El primero de ellos, en un año electoral, lograr traer nuevamente a la discusión pública un problema que al comercio formal y a la seguridad le aquejan. Y el segundo objetivo es poder generar propuestas para quienes hoy día están en competencia por llegar a La Moneda”.
Además, agregó: “Esperamos que las propuestas que hemos generado a través de un trabajo al que convocamos a actores nacionales e internacionales en materia de seguridad, puedan ayudar hoy día a guiar los programas de los candidatos presidenciales. Le hemos pedido a las candidatas que puedan ser integradas a sus programas, pero más allá de llevarlas a un papel, llevarlas a la acción para quien llegue a La Moneda”.
Claudia Woods, President Latam South de BAT, fue enfática en subrayar el rol de la ciudadanía y el sector privado: “Uno de los aspectos más urgentes es visibilizar que cada cigarrillo vendido en el mercado ilegal está financiando directamente al crimen organizado. Aún falta conciencia sobre esta realidad: muchas personas no asocian la violencia ni el narcotráfico con algo tan cotidiano como la compra de cigarrillos ilícitos”. Y agregó que “queremos destacar que la participación activa del sector privado en el diseño e implementación de políticas públicas es clave. Sin una colaboración real entre Estado, empresas y gremios, no es posible avanzar en estrategias de seguridad eficaces. La corresponsabilidad es el único camino para resultados sostenibles”.
Desde el plano internacional, Gastón Schulmeister, director del Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional de la OEA, advirtió: “El crimen avanza más rápido que nuestras instituciones. Si no hay integración regional, perderemos esta batalla”.
12 medidas urgentes contra el crimen organizado y las economías ilícitas
- Alianza con el sector privado: Reconocer al empresariado como actor estratégico en prevención, detección e intercambio de información.
- Sistema Nacional de Información: Crear una plataforma interoperable, con gobernanza público-privada, basada en datos e inteligencia artificial.
- Arquitectura institucional coordinada: Equipos interinstitucionales con enfoque territorial y atribuciones claras para enfrentar el crimen organizado.
- Fortalecimiento legal: Actualizar leyes, destrabar proyectos clave y asegurar coordinación e implementación efectiva.
- Educación y cultura de legalidad: Campañas de sensibilización ciudadana y formación institucional para desincentivar el consumo informal.
- Empoderamiento municipal: Más atribuciones y recursos para municipios, aduanas y otras instituciones clave en el control territorial.
- Control de todas las fronteras: Incluir vigilancia avanzada en fronteras marítimas, aéreas, logísticas y zonas francas.
- Corte al financiamiento criminal: Mejorar trazabilidad de flujos financieros, uso de datos protegidos y articulación con la UAF.
- Prevención de la corrupción: Mecanismos de control y protección para funcionarios, con incentivos éticos y denuncias seguras.
- Gestión eficiente de bienes incautados: Crear un sistema para reutilizar o destruir bienes decomisados, bajo el Ministerio de Seguridad.
- Cooperación internacional efectiva: Actualizar acuerdos multilaterales, con metas verificables y coordinación regional.
- Política de Estado permanente: Hoja de ruta con planificación multianual, presupuesto asegurado y evaluación pública continua.
Fuente: Vía Central.