Tal como se esperaba, y por votación unánime (27 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra), la sala del Senado aprobó hoy el proyecto de ley del Ejecutivo que busca modificar la Ley N° 19.718 de la Defensoría Penal Pública (DPP), para permitir la incorporación a la dotación institucional de los 50 abogados, 11 asistentes sociales y 22 asistentes administrativas que integran actualmente el equipo de defensa penal juvenil de la DPP, quienes pasarán del régimen de honorarios al de contrata.
La noticia provocó inmediatas muestras de satisfacción y alegría en las distintas sedes del servicio, pues pese a que la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) sancionó la especialización como un tema obligatorio para las instituciones intervinientes, sólo la Defensoría cumplía esta noción, mediante un programa piloto que se mantenía vigente desde 2006.
“Estoy muy pero muy feliz, porque luego de muchos años se ha concretado un anhelo que no sólo regulariza la situación contractual del equipo de defensa penal juvenil de la Defensoría, sino que materializa o asegura el desafío de seguir avanzando en la justicia hacia el adolescente infractor”, opinó la Defensora Nacional (S), Viviana Castel.
RÁPIDA TRAMITACIÓN
Desde que el mensaje presidencial del proyecto (N° 358-362) fue enviado al presidente de la Cámara el 7 de agosto pasado, y luego remitido con suma urgencia a las comisiones de Constitución y de Hacienda de esa corporación para su primer trámite legislativo, el pasado 3 de setiembre, la iniciativa fue sucesivamente aprobada tanto en ambas comisiones como por la sala.
Luego pasó al Senado, donde también fue aprobada sin mayor discusión por las respectivas comisiones. De hecho, mientras en la de Constitución se aprobó el pasado 22 de octubre, en la de Hacienda lo fue recién el pasado miércoles 10 de diciembre. Así se llegó finalmente a la votación de hoy, que deja al proyecto en condiciones de ser promulgado.
NECESIDAD PERMANENTE
En detalle, el proyecto de ley reconoció una necesidad que la Defensoría planteó desde el momento mismo de vigencia de la LRPA y propuso “una vía de solución para alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de contar con una dotación especial de defensores públicos que presten sus servicios en el contexto de las exigencias de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”.
El objetivo del proyecto aprobado hoy es dotar a la DPP de una provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, área que tiene “una serie de condiciones particulares que elevan el estándar respecto de los adultos”, por lo que se busca “contar no sólo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino que también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos”, señalaba el proyecto.
El mensaje presidencial agregó en su momento que, hasta ahora, la Defensoría “ha asumido decididamente” la mantención de este modelo y de los profesionales que lo integran a través de un programa piloto que permitió contratar a estos funcionarios bajo el sistema de honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil, “el que ha sido financiado desde el año 2006 mediante una reasignación presupuestaria”.
Según lo previsto en el informe financiero asociado a esta iniciativa, el paso de estos funcionarios a la contrata implicará un costo anual de poco más de 719 millones de pesos, que se financiarán con el presupuesto institucional o vía suplemento del Ministerio de Hacienda.
En detalle, el proyecto modifica el inciso tercero del artículo 31 de la ley de la Defensoría, permitiendo así la incorporación de 50 defensores locales que cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.
También incorpora dos artículos transitorios: el primero incrementa en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente en la institución y el segundo explica cómo se financiará el gasto extra que representará este cambio.
Consultada respecto de la unanimidad de la votación de hoy en el Senado, Viviana Castel señaló que “demuestra la importancia transversal de este tema”, porque “a toda la sociedad le interesa que un adolescente que es imputado o condenado en el sistema penal tenga una justicia adecuada a su situación particular”.
Fuente: Prensa Defensoría Penal.