Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) a las 345 municipalidades del país reveló que, de 50 municipios que publicaban planes para invertir los aportes recibidos de proyectos inmobiliarios, solo tres mantenían disponibles las rendiciones anuales que permiten conocer qué ocurrió con esos recursos.
La cifra equivale a un 6% de cumplimiento. En los otros 47 municipios —el 94%— no fue posible encontrar una rendición pública que detallara cuánto se recaudó, cómo se utilizaron los aportes, qué obras fueron financiadas o si existían recursos pendientes de ejecución.
Cuando un proyecto inmobiliario genera ciertos efectos en su entorno, la Ley N°20.958 establece que debe realizar aportes en dinero o terrenos a la municipalidad respectiva para mejorar la infraestructura de movilidad y los espacios públicos. Estos recursos pueden financiar proyectos como veredas, ciclovías, áreas verdes, cruces peatonales, calles, luminarias, paraderos, señalética y otras obras para la comunidad.
La normativa obliga a los municipios a elaborar un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, que describe y prioriza los proyectos en esta materia, y a publicar una rendición anual sobre el uso y situación de los aportes recaudados.
La fiscalización detectó rendiciones únicamente en Hualpén, Punta Arenas y Renca. Hualpén publicaba documentos correspondientes a 2024, 2025 y enero de 2026; Renca mantenía antecedentes actualizados hasta 2025; y en Punta Arenas la última rendición disponible correspondía a 2023.
“Estos aportes existen para que el crecimiento inmobiliario también se traduzca en mejoras concretas para las comunidades. Las personas tienen derecho a saber si su municipio recibió recursos, cuánto recibió, qué obras se financiaron y qué dinero continúa disponible. Sin esa información, se dificulta gravemente el control ciudadano sobre recursos destinados a mejorar los barrios”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
La falta de publicación no permite concluir por sí sola que los aportes hayan sido utilizados para fines distintos a los que dispone la ley. Sin embargo, impide que las personas conozcan su destino y puedan verificar si las obras comprometidas se realizaron.
La revisión contrastó además los antecedentes municipales con la información entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al respecto. Según ese registro, 45 municipalidades contaban con planes de inversión aprobados, pero cinco no los publicaban en sus páginas institucionales ni en sus portales de transparencia: Rengo, Requínoa, Santa Cruz, Temuco y Traiguén.
Esta fiscalización, realizada durante enero y febrero de 2026, examinó diez categorías de información que normas distintas de la Ley de Transparencia obligan a publicar a las municipalidades, entre las que se encontraban los planes de inversión y rendiciones ya indicados.
Entre otros hallazgos referentes a otras categorías de información, el CPLT, a partir de información entregada por la Subsecretaría de Transportes, detectó que 292 de los 295 municipios que registraban informes de impacto de proyectos inmobiliarios en el tránsito no publicaban esos documentos.
Además, solo 37 de las 332 municipalidades obligadas difundieron su informe de 2024 sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. En materia de niñez, de 147 municipios que informaron haber sesionado en las mesas de articulación interinstitucional de niñez que exige la ley, 93 no publicaron sus actas y otros 11 mantenían documentos desactualizados.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando se comprueban infracciones, previa investigación sumaria, puede aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad y/o funcionario responsable, según sea el caso.
Fuente: CPLT