El Consejo para la Transparencia (CPLT) identificó 370 contratos por más de $30.192 millones para distribuir agua potable mediante camiones aljibe durante 2023 y 2024. La fiscalización sobre acceso a información pública también reveló dificultades en ciertos casos para conocer el resultado concreto de ese gasto público: cuánta agua se repartió y a cuántos hogares llegó.
De las 34 instituciones que informaron contrataciones, un 73% entregó antecedentes sobre los litros distribuidos y un 71% informó el número de hogares beneficiados. En otras palabras, casi tres de cada diez no proporcionaron o no se pronunciaron sobre datos esenciales para evaluar la cobertura del servicio.
Para realizar la fiscalización, el CPLT ingresó 152 solicitudes de información a 128 municipalidades, 23 delegaciones presidenciales y a la Subsecretaría del Interior. Las municipalidades y delegaciones consultadas se encontraban en zonas declaradas con escasez hídrica durante el periodo analizado.
La revisión constató que un 56% de las instituciones presentó al menos un incumplimiento en la tramitación de estas solicitudes. Aunque el 81% respondió dentro del plazo legal, un 12% lo hizo con atraso y un 7% no había contestado a la fecha de cierre de recepción de respuestas: el 31 de marzo de 2026.
También se detectaron respuestas parciales, documentos anunciados que no fueron adjuntados y dificultades para acceder a los antecedentes. Además, 27 organismos señalaron que la información estaba en poder de otra institución, pero no derivaron la solicitud como establece la normativa.
“Cuando se destinan más de $30 mil millones a llevar agua potable a comunidades afectadas por la escasez, no basta con conocer cuánto se contrató. El Estado también debe ser capaz de informar cuánta agua se distribuyó, a qué familias llegó y cómo se utilizaron los recursos. Esa trazabilidad permite evaluar si la ayuda cumplió realmente su propósito”, afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.
Del monto total identificado, un 69% fue financiado por la Subsecretaría del Interior o Senapred, un 24% con recursos municipales y en el 7% restante no fue posible determinar el origen del financiamiento. Asimismo, el 75% de los contratos fue suscrito por delegaciones presidenciales provinciales o regionales y el 25% directamente por municipalidades.
La Región de Valparaíso concentró el 61% de los contratos y el 47% del gasto total, con más de $14.173 millones. Le siguieron la Región Metropolitana, con $6.298 millones, y Ñuble, con $5.599 millones.
Las instituciones que informaron los mayores montos de contratación fueron las delegaciones presidenciales provinciales de Marga Marga, con $6.888 millones, y Petorca, con $5.710 millones; la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, con $5.277 millones; y las municipalidades de Puente Alto y La Serena, con $4.440 millones y $1.804 millones, respectivamente.
La fiscalización reveló que el 73% de los contratos tuvo una duración de tres meses o menos, pese a que las declaraciones de escasez hídrica suelen extenderse hasta por un año. También se observaron casos en que las instituciones celebraron contratos sucesivos de corta duración con los mismos proveedores.
Respecto de la modalidad utilizada, un 47% de las contrataciones se realizó mediante licitación pública, un 41% por trato directo y un 6% mediante compra ágil. En otro 6% no fue posible determinar el mecanismo utilizado a partir de los antecedentes entregados.
La Subsecretaría del Interior, en tanto, proporcionó cifras correspondientes a 2024 y 2025, pese a que el CPLT solicitó información de 2023 y 2024. Tampoco entregó un desglose por tipo de gasto, lo que impidió establecer qué parte del Fondo de Emergencia fue destinada específicamente a la contratación de camiones aljibe y qué monto financió otras medidas frente a la escasez hídrica.
La revisión detectó, además, problemas en la protección de información personal. De las 34 instituciones que entregaron antecedentes contractuales, 14 proporcionaron documentos sin resguardar debidamente datos como RUN, firmas, teléfonos, correos electrónicos e incluso huellas dactilares de proveedores o representantes de estos.
El informe concluye que se requieren estándares comunes para registrar, entregar y publicar esta información. Esto permitiría seguir con mayor claridad el recorrido de los recursos públicos, la ejecución de los contratos y el número de personas que reciben el servicio.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público encargada de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de resguardar el derecho de las personas a acceder a información pública. Ante las infracciones contempladas en la ley, puede instruir procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de las remuneraciones mensuales de las autoridades y/o funcionarios responsables, según sea el caso.
Fuente: Consejo para la Transparencia