La migración vuelve a tensionar el debate público en Chile, en medio de una contradicción
persistente. Durante décadas, el país ha ofrecido a las personas migrantes una promesa
clara: con trabajo y esfuerzo, es posible prosperar. Sin embargo, esa expectativa choca con
una realidad marcada por trabas burocráticas y procesos de regularización complejos que
mantienen a miles sin poder avanzar. En este contexto, el proyecto que modifica la Ley N.º
21.325 no aparece como una solución, sino como una barrera que podría profundizar estas
dificultades y limitar el aporte social, económico y cultural de la migración.
La propuesta introduce tres restricciones clave: priorizar atención en salud y educación para
nacionales por sobre extranjeros en situación irregular; exigir cédula vigente y residencia
definitiva para acceder a beneficios sociales; y excluir del Registro Social de Hogares a
quienes no cuenten con esos documentos. Aunque estas medidas buscan “ordenar la casa”,
se basan en supuestos erróneos, como atribuir la irregularidad a decisiones individuales,
cuando en realidad responde a barreras estructurales ampliamente documentadas por
organismos como OIM y CEPAL.
Además, el proyecto sugiere que las personas migrantes son una carga, pese a la evidencia
contraria. La migración dinamiza la economía y aporta más en impuestos de lo que recibe en
beneficios. La irregularidad sí reduce esa contribución, pero no por la presencia de
extranjeros, sino por un sistema administrativo ineficiente que prolonga su exclusión.
Tampoco es correcto asumir que endurecer las condiciones generará un éxodo voluntario. La
experiencia internacional muestra que estas medidas aumentan la precariedad y la
segregación, alimentando mercados informales y vulnerando derechos. Esto impacta
especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a regularizar su estatus
migratorio. La existencia de más de 70 mil menores en situación irregular evidencia fallas del
Estado chileno en cumplir compromisos internacionales.
En educación, las consecuencias son concretas: la deserción escolar de estudiantes
migrantes duplica la de sus pares chilenos. Programas clave como la Ley SEP excluirán a
quienes no estén identificados en el Registro Social de Hogares, invisibilizando su
vulnerabilidad. Esto no es eficiencia, sino un retroceso. Menor escolarización implica menor
productividad futura y mayores costos sociales para el país.
Chile necesita una política migratoria ordenada, pero el orden no se construye excluyendo ni
negando derechos básicos. Invisibilizar a quienes ya están en el país no resuelve el
problema: lo agrava y perpetua.
Fuente: pucv.