En una jornada única para la salud pública, la Sala del Senado aprobó dos importantes iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno: el proyecto que fortalece las atribuciones de la Superintendencia de Salud y el proyecto de Ley de Salud Mental. Ambos cuerpos legales consolidan un esfuerzo sostenido por garantizar una atención digna, justa y de calidad para todas las personas. A días del término de este período presidencial, el Ejecutivo reafirma que ha trabajado hasta el último día con la misma convicción y urgencia del primero, dejando bases legislativas concretas para que más chilenas y chilenos accedan a una salud más justa y digna.
Salud Mental es un cambio de paradigma
La aprobación del proyecto de Ley de Salud Mental responde a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, así lo puso en perspectiva la Ministra de Salud, Ximena Aguilera-
La autoridad dijo que entre 2018 y 2025, la preocupación por la salud mental como primera prioridad nacional aumentó de 26% a 68%, reflejando no solo los efectos acumulados de la pandemia, sino una transformación profunda en la conciencia ciudadana sobre el bienestar emocional.
La secretaria destacó los avances ya alcanzados durante este Gobierno: la duplicación de prestaciones ambulatorias —llegando a 6,3 millones en 2024—, la superación del millón de personas en control, la implementación de 77 salas para atención del espectro autista que han beneficiado a más de 12 mil niños, y la primera campaña nacional contra el estigma en salud mental.
Agregó que, en materia de acceso a medicamentos, gracias al convenio entre CENABAST y farmacias, se entregaron más de 4,5 millones de unidades de fármacos de salud mental entre 2020 y 2025, con reducciones de precio superiores al 90% en tratamientos de uso crónico.
Argumentó que este proyecto, elaborado tras 27 diálogos ciudadanos con casi 2.700 participantes a lo largo del país, va más allá: “establece por primera vez en la historia legislativa chilena un marco normativo que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y una responsabilidad intersectorial del Estado”.
Entre sus pilares destacan:
- Comité Interministerial de Salud Mental: que coordinará a siete ministerios bajo el reconocimiento de que el bienestar mental se construye en las escuelas, los lugares de trabajo, los barrios y las comunidades.
- Modelo comunitario de atención: acercando los servicios a los territorios donde viven las personas, en línea con los estándares de la OMS y la OPS.
- Regulación de residencias sociosanitarias: abordando una deuda histórica al establecer estándares claros y exigir autorización sanitaria para su funcionamiento.
- Refuerzo de derechos: eliminando prácticas obsoletas, fortaleciendo el consentimiento informado y ordenando la normativa sobre hospitalización psiquiátrica.
- Protección infantil reforzada: incorporando la contingencia de riesgo alto de suicidio para niños y adolescentes en el Seguro SANNA.
La Ministra Aguilera aseguró que “este proyecto representa un cambio de paradigma fundamental: transitamos desde un enfoque meramente asistencial hacia una visión integral que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y una responsabilidad intersectorial del Estado.”
Más atribuciones para la Superintendencia de Salud
La Sala del Senado aprobó por unanimidad en general el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que busca dar mayor protección a las personas dotando de nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud, con el propósito de ejercer una defensa más activa y eficiente de los derechos en salud de las personas. La votación arrojó 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con esta iniciativa, el Gobierno propone un cambio de paradigma en la forma en que el Estado protege a las y los usuarios del sistema de salud. El proyecto no se limita a fortalecer la función fiscalizadora de la Superintendencia, sino que la habilita para intervenir de manera proactiva, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y la plena vigencia de los derechos de los pacientes.
La Ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, recordó que este proyecto cumple con los compromisos adquiridos en la denominada “Ley Corta de Isapres” y que el texto aprobado por la Comisión de Salud pone al centro a las personas, aborda de manera seria y técnica las debilidades del sistema actual.
Por su parte, el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, sostuvo: “La aprobación de este proyecto representa un avance significativo en nuestra misión de proteger los derechos de los pacientes. Con estas nuevas herramientas, podremos actuar con mayor eficacia y garantizar que las y los usuarios del sistema de salud reciban la atención que merecen, de forma justa y transparente”.
De convertirse en ley, la Superintendencia de Salud dispondrá de herramientas más robustas para velar por el respeto de los derechos de los pacientes. En materia de fiscalización y sanción, estará facultada para aplicar sanciones más severas a los prestadores que incumplan la normativa vigente, incluyendo multas más elevadas para aquellas clínicas que exijan garantías financieras indebidas, tales como el cobro con tarjetas bancarias o cheques como condición previa a la atención.
Del mismo modo, la figura del Intendente de Prestadores de Salud se consolidará como instancia arbitral en los conflictos entre pacientes y prestadores institucionales, con el objetivo de ofrecer una vía de resolución justa, ágil e imparcial, que evite a los pacientes recurrir a prolongados y costosos procesos judiciales por la vulneración de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (20.584) y otras leyes asociadas.
En el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, se creará un Registro Público de Sancionados que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas al momento de elegir dónde recibir atención médica.
Complementariamente, se establecerá un Consejo de la Superintendencia integrado por expertos en salud, cuya función será asesorar al Superintendente en la definición de políticas y estrategias para la protección de los derechos de las y los pacientes, asegurando que las decisiones institucionales se sustenten en el conocimiento técnico y en la mejor evidencia disponible.
La ley también habilitará a la Superintendencia para realizar, a petición del Ministerio de Salud, auditorías clínicas hospitales orientadas a mejorar la calidad y seguridad de los procesos asistenciales.
Ahora el proyecto será remitido a la Comisión de Salud, abriéndose el plazo legal para que las y los Senadores y el Ejecutivo presenten las indicaciones que estimen pertinentes (26 de abril). Vencido dicho plazo, el proyecto será discutido y votado en particular por la Comisión de Salud.
Tras ser votado el proyecto será enviado a la Comisión de Hacienda para que esta emita su pronunciamiento sobre el informe financiero, verificando la consistencia fiscal y presupuestaria de las disposiciones aprobadas. Cumplidas estas etapas, el proyecto será sometido a votación en particular en la Sala del Senado, instancia en que, de ser aprobado, concluirá su tramitación en segundo trámite legislativo.
Fuente: Minsal