El gremio que agrupa al sector acusa un actuar ilegal y arbitrario del ente fiscalizador, al emitir un oficio ordinario que “afecta seriamente el trabajo de los Asesores previsionales que se encuentra regulado en el Decreto Supremo Vigente”.
Dentro de las labores y funciones propias de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), está la de velar por defender los intereses y derechos de sus asociados y adherentes.
Dentro de ese orden de ideas, ha presentado recientemente un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de un oficio emitido por la Superintendencia de Pensiones (SP), ya que dicho oficio infringiría la normativa vigente, “ya que establece que a partir del 01 de julio de 2021, se rebajará el límite de los honorarios por asesoría previsional que a éstos les corresponden por sus servicios”.
A juicio de AGAP, la actuación de la Superintendencia de Pensiones no ha respetado el plazo de vigencia del Decreto N°26 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su efecto en la normativa específica del DL 3.500. Cabe precisar que es el Decreto Nº 26 el que fijó el monto y el plazo de las comisiones de los asesores previsionales en un 2% hasta el 30 de septiembre de 2022.
“En efecto, el oficio de la Superintendencia – mediante una interpretación que se estima ilegal y arbitraria – anticipa dicho plazo de vigencia para el 01 de julio del año en curso, y procede a la rebaja de las comisiones a que tienen derecho cobrar los asesores previsionales, sin respetar de manera íntegra y total las disposiciones legales que regulan la materia”, sostiene un comunicado de AGAP.
El recurso de protección presentado por el gremio argumenta que no corresponde a la Superintendencia de Pensiones dar tácitamente por derogado el Decreto N°26, que establecía un límite diferente, y cita dictámenes de la Contraloría General de la República donde se establece que ante estas situaciones se requiere una labor interpretativa de mayor complejidad que no puede ser realizada por la SP.
La acción legal agrega que el ente fiscalizador incurre en un abuso de discrecionalidad, ya que no entrega fundamentos ni antecedentes jurídicos que sustenten su decisión de dar por derogado el decreto que fija las comisiones hasta septiembre de 2022.
“Aquí hay un actuar arbitrario e ilegal y pedimos a la justicia que se pronuncie. Sentimos que se han vulnerado nuestras garantías constitucionales y esperamos que se deje sin efecto el oficio de la Superintendencia de Pensiones”, manifestó la presidenta de AGAP.
El recurso apela “al derecho a la propiedad establecido en el N°24 del Artículo 19 de la Constitución Política, debido a los ingresos que los asesores previsionales dejarían de percibir como remuneración por el servicio que prestan, pero más importante que eso es a la certeza jurídica que entregan los procesos y procedimientos descritos en las normativas administrativas y jurídicas que otorga nuestra legislación la que debe ser respetada ya que cuando se omite o desvía de las formas que la ley nos indica nos alejan de las normas conocidas y respetados por todos hundiéndonos en la incertidumbre”.
Además, incluye una orden de no innovar, a través de la cual se solicita que el oficio de la Superintendencia de Pensiones con el nuevo límite a las comisiones quede sin efecto hasta que se resuelva el fondo de la acción judicial.
“Desde hace años hemos tratado de contribuir a un debate informado sobre el sistema de pensiones, denunciando aquellas prácticas especulativas de algunos agentes inescrupulosos que buscaban lucrar haciendo recomendaciones masivas de cambios de fondos. Fuimos al Congreso, tocamos todas las puertas para explicar nuestra labor y hacer comprender a la autoridad que los asesores previsionales realizamos una actividad regulada, que ayuda a miles de personas a tomar la mejor decisión al momento de pensionarse, y a pesar de todo eso, hemos salido perjudicados, con una ley que nunca tuvo la intención de regularnos”, dijo Ann Katharine Clark, presidenta de AGAP.
“Durante la pandemia hemos sufrido los mismos problemas que todas las entidades han padecido en términos económicos y el impacto que ha tenido en las familias de los asesores Previsionales. Y si eso lo unimos a que nuestro trabajo pertenece al área social, que se realiza sin horario y en el que hemos apoyado a la ciudadanía explicando los alcances, y apoyando la educación en el sistema, una rebaja en nuestras comisiones, que tienen el mismo tope desde 2008 (sin reajuste) y que son absolutamente informadas y voluntarias a las personas, nos parece un golpe irreparable a nuestra actividad”, por lo que lo menos que podemos pedir es que se haga de acuerdo a los procedimientos que indica la ley, concluyó Clark.
“Finalmente creemos necesario señalar que esta nueva ley establece exigencias y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados y crea la figura del Asesor Financiero Previsional, y de pasada, introdujo nuevas regulaciones a la asesoría previsional (Ley 21.314) incrementando las limitaciones ya existentes.
Entre otras materias, dicha norma estableció una serie de regulaciones para evitar las distorsiones que estaba produciendo en el mercado y en las pensiones la actividad de agentes masivos de inversión, llamados ahora ASESORES FINANCIEROS PREVISIONALES y cambiando el límite de las comisiones a 1,5 de los fondos previsionales con tope de 60UF”, agrega la Asociación Gremial de Asesores Previsionales.
Fuente: ComPactoLab.