“Una reforma educacional por el bien de Chile”, de la Conferencia Episcopal

UNA REFORMA EDUCACIONAL POR EL BIEN DE CHILE

1. La Conferencia Episcopal de Chile, frente al actual trámite legislativo del proyecto de ley sobre la reforma educacional, desea ofrecer su aporte en vista del ingreso de dicho proyecto a la discusión en el Senado de la República. Nuestra motivación es el bien de Chile, especialmente de sus niñas, niños y jóvenes. Ellos tienen derecho a una educación de calidad independientemente de donde estudien, y a crecer en un país respetuoso de la pluralidad de proyectos educativos, así como también del esfuerzo y aporte que tanto la educación pública como particular, laica y confesional, han brindado al país.

Propuestas para una mejoría sustancial y urgente

2. Desde el inicio de esta propuesta, hemos expresado nuestro apoyo y colaboración en la búsqueda de mejoras sustanciales para el actual sistema educacional. Somos conscientes, a la luz de distintos diagnósticos, no sólo de la urgencia de una transformación de la educación en el país, sino también de un avance significativo en la oferta educacional dirigida a las personas más vulnerables. Es imprescindible la construcción de un sistema más equitativo y el fin de la segregación social desde la base, favoreciendo mayores grados de integración e inclusión.
3. En estos meses, a la luz de nuestra experiencia, hemos realizado un discernimiento serio respecto de los contenidos hasta ahora conocidos del proyecto, y nos hemos comprometido a abordar, desde una crítica muy constructiva, los desafíos que plantea. Si bien no compartimos en varios aspectos la forma de llevar a cabo la reforma educacional, dada la ausencia de presupuestos claros respecto de la naturaleza, fines y principios de una auténtica educación, queremos aportar propuestas de modo responsable. Así, nos sumamos a la reflexión y contribución de todos los demás sectores que han hecho de la educación un servicio reconocido y significativo a la Patria.

Incertidumbre y preocupación en las comunidades escolares

4. Lo hacemos en medio de un intenso debate público que ha suscitado fuertes preocupaciones objetivas en cientos de comunidades educativas, especialmente particulares que reciben subvención del Estado. Nos parece positivo que se vigile con atención que los recursos proporcionados por el Estado para la educación sean utilizados única y exclusivamente con este fin. Pero nos preocupa que la reforma pueda construirse sobre diagnósticos insuficientes de la verdadera y múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando o a crear nuevos colegios.
5. Constatamos, a su vez, que los padres, madres y apoderados, en cuanto primeros y principales educadores de sus hijos, están asumiendo el rol que les cabe en los procesos educativos, defendiendo sus derechos y su libertad de elegir la educación que desean para sus hijos. Así lo han hecho saber con mucha fuerza y claridad al país. La Iglesia reconoce el derecho a manifestar su inquietud y declara su esperanza de que su clamor no quede desatendido.
6. En el actual contexto de gran incertidumbre que se vive al interior de la educación escolar, queremos reconocer y compartir la angustia y el desánimo que se ha instalado en muchas comunidades educativas. Estamos convencidos de que es posible buscar caminos de entendimiento en esta delicada materia y que se logrará en la medida que reine un espíritu de escucha, diálogo y búsqueda del bien común tanto en las autoridades como en los interesados en ofrecer su punto de vista y sugerencias. Este es el camino para que el presente proyecto de ley pueda convertirse – con las necesarias transformaciones – en una buena noticia para los niños, niñas y jóvenes del país, sus familias y toda la sociedad.

Libertad de enseñanza, iniciativa y fiscalización

7. Creemos fundamental que se fomente la diversidad de proyectos educativos en la educación chilena, tan necesaria para la democracia. Nuestra educación debiera manifestar con nitidez los atributos asociados a la libertad de enseñanza: provisión mixta, libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado.
8. También creemos que es esencial que se garantice la factibilidad de abrir nuevos establecimientos y mantener los actuales, desarrollar el trabajo en red entre quienes comparten una misma impronta educativa y han generado sinergias que enriquecen la formación de los alumnos. Además, resulta primordial favorecer la inclusión social, asegurando el acceso a esta misma educación de calidad a aquellas personas con habilidades especiales.
9. Creemos necesario reconocer la concepción laica de la educación en los colegios no confesionales, es decir, no laicista, por tanto, respetuosa de toda expresión religiosa, así como aceptar la concepción cristiana o de otra expresión religiosa de los colegios confesionales, y facilitar la libertad de elección de los padres.

 Una gratuidad que garantice la calidad

1. La Iglesia, por otra parte, valora positivamente el esfuerzo declarado por el Gobierno en orden a proveer una educación gratuita para todos nuestros niños y niñas. Sin embargo, nos parece aconsejable que este loable esfuerzo no pierda de vista el norte, porque el país requiere de una Reforma educacional, pero cualquier Reforma. De nada servirá una educación gratuita si ella no es de calidad ni adecuadamente financiada para todos los alumnos y alumnas. En efecto, todos los estudiantes de colegios gratuitos, independientemente de donde realicen sus estudios, han de recibir idénticos recursos del Estado, ya que cualquier discriminación al respecto atentaría contra la equidad y la calidad de los aprendizajes para todas y todos.

Imprescindible debate sobre la calidad de la educación

1. Debemos entrar cuanto antes en el importante debate de la calidad de la educación, sobre el hecho educativo en sí mismo y sobre la valoración y formación de los profesores. Nos preocupa que la actual discusión se haya centrado en la estructura de propiedad de los colegios, la falta de libertad para crear nuevos establecimientos y proyectos educativos, la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones innecesarias que amenazan con instalar la sospecha y la desconfianza como el modo ordinario de percibir el servicio de los establecimientos, también la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, como los obstáculos para un arriendo regulado y legítimo.

Aportes acogidos y nuevos desafíos para un gran acuerdo

2. Es importante destacar que, en la primera fase de su tramitación, se introdujeron mejoras al proyecto como eliminar la plataforma centralizada de admisión de alumnos y dejar el proceso en manos de los colegios, reconocer que los sostenedores son más que meros administradores de recursos públicos, reconocer como sostenedores a las personas jurídicas de derecho público sin necesidad de convertirse en nuevas fundaciones, etc.
3. En esta segunda fase legislativa, no puede olvidarse que la envergadura de esta reforma tiene efectos de muy largo plazo. Antes de tomar decisiones que puedan tener un gran impacto, en un sentido o en otro, se hace imperativo en el Senado una reflexión serena, amplia, informada, sin apuros y con el tiempo que sea necesario. Ello permitirá arribar a los grandes acuerdos que esta materia requiere y que hagan posible una reforma aplicable en la gestión ordinaria de las escuelas, sostenible en el tiempo, cuyo eje sea la calidad de la educación y aquellos pilares identitarios de nuestro sistema educacional, existentes desde los albores de la República.
4. Por el bien superior de Chile, hacemos un ferviente llamado a todos los sectores, en especial al gobierno, al mundo político y legislativo, a trabajar con generosidad para alcanzar un gran acuerdo en educación, a impulsar una Reforma en modo gradual, caracterizada por una transición serena y ordenada a las futuras entidades jurídicas, sin detrimento y menoscabo patrimonial de los sostenedores; a definir un abanico de fórmulas que flexibilicen y favorezcan la aplicación de las nuevas normativas de acuerdo a la pluralidad y complejidad de situaciones que componen la realidad del mundo particular subvencionado, asegurando un aumento de la subvención general como un servicio a la calidad.
5. Por esta razón, quisiéramos recordar que, ante cualquier otra legítima consideración, está primero el bien de las personas de nuestros niños, niñas y jóvenes, el de la familia chilena, el del futuro del país, el de la educación y el servicio público de quienes la ofrecen. Se trata de un deber ineludible.

Oramos para avanzar hacia una educación integral

6. Jesucristo, Señor y Maestro, nos dejó en su persona la norma suprema de la educación cuando nos exhortó: “Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11,28) y nos envió a enseñar a guardar todo lo que él nos mandó (cf. Mt 28,19-20). En este Mes bendito, pedimos a la Virgen María que nos conceda con su intercesión encontrar los caminos de una auténtica educación, que colabore en la formación integral de las nuevas generaciones, y en la construcción de una Patria de hermanos, en donde cada uno pueda encontrar lo necesario para desarrollar las potenciales que Dios le ha regalado.

La Conferencia Episcopal de Chile

18 de noviembre de 2014