Por Marcelo Gutiérrez, abogado y MBA en Gestión de Negocios. Instituto Internacional de Estudios para la Democracia – Universidad del Alba
Chile lleva años entrampado en debates sobre crecimiento, inversión y productividad sin hacerse la pregunta verdaderamente decisiva: ¿cómo se financiarán las viviendas, las empresas y los proyectos estratégicos durante las próximas décadas? La reforma al mercado de capitales presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofrece una respuesta concreta y oportuna. Su relevancia no se agota en un paquete técnico de más de treinta medidas, sino en su vocación de corregir fallas estructurales que hoy limitan la capacidad de transformar el ahorro en inversión productiva y el esfuerzo de las familias en patrimonio duradero.
Cuando el mercado de capitales pierde profundidad, el costo del crédito sube, las alternativas escasean y los horizontes de inversión se acortan inevitablemente. El primer síntoma crítico de este desgaste lo vemos en el acceso a la vivienda. La política pública ha insistido en subsidios y ayudas directas que, siendo indispensables, resultan insuficientes ante la falta de financiamiento hipotecario de largo plazo compatible con los ingresos reales de los hogares.
Frente a ello, la creación del Fondo Nacional para la Vivienda y el mecanismo de Ahorro Voluntario apuntan al nudo del problema: inyectar liquidez para restablecer un circuito de financiamiento sostenible y premiar la constancia del ahorro familiar, devolviendo a la clase media y a las nuevas generaciones la posibilidad real de acceder a un techo propio.
Un segundo desafío urgente es la desbancarización del emprendimiento. Nuestra economía no puede seguir dependiendo de un esquema donde las empresas se financian casi exclusivamente mediante deuda bancaria tradicional. Este modelo castiga en particular a las medianas empresas, a la innovación y a los proyectos intensivos en conocimiento, los cuales rara vez cuentan con las garantías físicas que exige la banca tradicional. Abrir la puerta a emisiones simplificadas, instrumentos a la medida de firmas de menor escala y un segmento bursátil de crecimiento permitirá que el capital apueste por el valor futuro y el potencial de una idea, y no solo por los activos acumulados en el pasado.
Esta modernización requiere, a su vez, una regulación adaptada a los tiempos. Un marco normativo pensado antes de la digitalización y de la integración global actúa como un freno para nuevos competidores y encarece la participación. La proporcionalidad regulatoria basada en el riesgo efectivo y la simplificación de procesos deben avanzar sin debilitar la fiscalización, encontrando un balance riguroso en áreas sensibles como el combate a los fraudes bancarios: sancionar con celeridad los abusos sin trasladar injustamente los costos a las víctimas reales ni encarecer el crédito para el resto del sistema.
Asimismo, Chile tiene las condiciones institucionales, el capital humano y la madurez regulatoria para consolidarse como plataforma regional de servicios financieros. Si se remueven las trabas tributarias y administrativas a las operaciones internacionales, no solo se atraerá capital externo, sino que se exportarán servicios especializados, se generarán empleos de alto valor agregado y se tomará un rol protagónico en la intermediación financiera regional.
El impacto de esta agenda dependerá de una coordinación técnica y rigurosa sujeta a una evaluación constante de resultados. Frente a problemas complejos no bastan incentivos aislados de corto plazo; se requiere infraestructura institucional capaz de movilizar el ahorro con horizontes de diez, veinte o treinta años. Modernizar el mercado de capitales trasciende lo técnico: es decidir cómo queremos financiar el futuro y el desarrollo de Chile.
Fuente: We Comunicaciones.