El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización de transparencia activa a las municipalidades. El análisis evaluó el nivel de cumplimiento de las municipalidades, en el año 2025, con la obligación que les impone la Ley de Transparencia de publicar y actualizar mensualmente una serie de información de naturaleza pública. La escala de evaluación va del 100% a 0%, siendo el 100% asignado a aquellas municipalidades que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones de transparencia activa.
El nivel de cumplimiento de los 345 municipios alcanzó un promedio de 81,76%, lo que representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide. Respecto del proceso de fiscalización del año 2024, cuyo resultado fue de 78,1%, se registró un aumento de 3,66 puntos porcentuales.
Sin embargo, el informe también detectó brechas relevantes en materias críticas, pese a tratarse de información que por ley debe estar disponible de forma permanente, actualizada y completa. Entre las principales falencias detectadas en áreas específicas, se advierte que la publicación de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros —decisiones municipales que impactan directamente a personas y empresas— alcanza solo un 64,2% de cumplimiento, con numerosos casos de información incompleta, desactualizada o derechamente inaccesible.
A ello le sigue la información presupuestaria, que llega apenas a un 67,6%, concentrando los menores niveles de cumplimiento en la publicación de pasivos municipales y de corporaciones municipales. Luego, como el tercer ítem con menor puntaje, encontramos compras y adquisiciones, con un 67,8% de cumplimiento. Al respecto, los sub-ítems más críticos fueron contratación de bienes muebles y servicios, en que el cumplimiento cae drásticamente a solo un 42,5%, y contrataciones formalizadas por orden de compra, con un 61,1%.
Desde un análisis particularizado por municipalidad, se destacan 3 municipios en los que no se detectaron infracciones, logrando un 100% de cumplimiento: Curacaví, San Fabián y Punta Arenas. Por el contrario, el reporte también revela que un 12% del total de municipalidades se mantiene bajo el 65% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, y, entre ellas, 7 municipalidades no superan el 50% de cumplimiento: San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que: “Es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades. Me parece que es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.
La autoridad agregó que “No obstante lo anterior, la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones, lo que es fundamental en una democracia”, señaló.
Desde el CPLT indicaron que la publicación de los resultados de esta fiscalización vendrá acompañada de acciones de seguimiento, exigencias de corrección y la instrucción de procedimientos sancionatorios contra aquellos municipios que presentan los niveles más bajos de cumplimiento. Asimismo, se informó que el reporte de fiscalización sería enviado a la Contraloría General de la República, para que sea usado para los fines que estime pertinentes. De esta forma, el Consejo reitera que la transparencia es una obligación legal y un derecho de las personas.
Informe de fiscalización:
Fuente: Consejo para la Transparencia.