- La autoridad ministerial se refirió a la nueva legislación que busca crear un nuevo servicio para la defensoría de las víctimas y que busca unir los marcos regulatorios y distintas corporaciones de abogados.
Santiago, agosto de 2026.- En el marco de la segunda jornada de las VI Jornadas Nacionales de Enseñanza Clínica del Derecho realizadas en la Universidad Finis Terrae, el Subsecretario de Justicia Luis Silva y especialistas del área jurídica analizaron el impacto operacional de la Ley N° 21.780. Esta legislación crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un nuevo servicio público descentralizado diseñado para unificar toda la oferta estatal en materia de asistencia jurídica gratuita, mediación familiar e integral y atención especializada a víctimas de delitos.
Durante la conferencia central, Silva abordó la urgencia de adecuar los marcos regulatorios y la gestión gubernamental frente a la entrada en vigencia del nuevo organismo estatal: “Este nuevo servicio reemplaza a las corporaciones de asistencia judicial y busca integrar la oferta que ya existe para poder generar un mejor servicio público”.
Asimismo, el subsecretario defendió esta nueva legislación argumentando que “hay que romper la comodidad natural de hacer lo que siempre hemos hecho y hay que dictar los reglamentos a la luz de esta nueva legislación”
Además, explicó las dificultades existentes para la integración de este nuevo servicio: “Es difícil integrar cuatro corporaciones que son distintas. Todas con su geografía, y con su historia cada una de manera independiente. Funcionan de manera diferente y eso es un desafío para uniformar a todos los abogados en un solo régimen de beneficios laborales y horarios”.
Panel de conversación
Posterior a la intervención de la autoridad ministerial, se desarrolló un panel de debate enfocado en analizar los retos institucionales y la articulación entre el nuevo servicio público y las casas de estudio.
Abriendo las reflexiones sobre la equidad en el sistema judicial, el director del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad Finis Terrae, Marco Antonio Navarro, enfatizó que la efectividad de la justicia depende del acceso real de las personas más vulnerables: “Aquí está en juego un punto central: si las personas no tienen acceso a los tribunales todo lo demás es poesía (…) las personas más desfavorecidas —en distintos ámbitos— son las que tienen más dificultades de acceder a la asistencia jurídica especializada”.
Con este planteamiento, Navarro relevó el impacto social de la asistencia legal en la protección de los derechos de la ciudadanía.
Por su parte, el director del Departamento de Práctica y Asistencia Legal (DEPAL UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jaime Castillo, abordó el sentido de la formación clínica frente a la contingencia de la profesión: “El ejercicio profesional se ha devaluado (…) la clínica jurídica es un espacio para reflexionar sobre el rol y la confianza para ver también cómo nos vamos a enfrentar hacia el futuro”.
Así, el académico llamó a aprovechar las aulas prácticas para restituir el valor deontológico del trabajo letrado.
En tanto, la directora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad de Chile, Ximena Tudela, se refirió a las deficiencias estructurales de los tribunales y al concepto amplio que debe guiar esta reforma: “El acceso a la justicia es un “paraguas” de servicios, va a mejorar el sistema. La reforma civil es necesaria porque los tribunales están colapsados. Si hablamos de acceso a la justicia, esto no se está dando”.
Con estas palabras, Tudela sostuvo que la unificación de la oferta pública debe acompañarse de mejoras sustantivas en la justicia ordinaria.
La jornada concluyó con el compromiso conjunto entre las autoridades del Ministerio de Justicia y la academia para seguir coordinando la implementación de la Ley N° 21.780, asegurando una adecuada formación de los futuros profesionales y una mayor cobertura jurídica para la comunidad.
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Fuente: UFT