Menos de la mitad de las microempresas chilenas cuentan hoy con protocolos formales para enfrentar conflictos laborales, en medio de un escenario marcado por nuevas exigencias regulatorias y recientes fallos judiciales que podrían aumentar la exposición legal de empresas que operan con relaciones laborales no formalizadas.
Según un estudio de la Pontificia Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), apenas un 45% de las microempresas ha implementado medidas preventivas vinculadas a gestión laboral y cumplimiento normativo en el contexto de la Ley Karin.
El escenario se vuelve especialmente sensible tras un reciente fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que estableció que trabajadores con relaciones laborales no formalizadas, como vínculos a honorarios o sin contrato escrito, podrían tener hasta dos años para demandar despidos injustificados, dejando atrás el criterio que en muchos casos aplicaba un plazo de solo 60 días.
La decisión del máximo tribunal fijó que no es posible separar la discusión sobre la existencia de una relación laboral de la acción por despido injustificado, por lo que mientras el vínculo esté en discusión no corresponde aplicar la caducidad corta del Código del Trabajo.
“Muchas pequeñas empresas siguen funcionando con estructuras informales o relaciones laborales mal reguladas, pensando que el riesgo es bajo. Pero hoy un conflicto laboral puede extenderse durante años y transformarse en un problema judicial relevante para el negocio”, señala Felipe Alveal, abogado y socio de Risolvo Legal.
Según el especialista, gran parte de las pymes sigue operando sin protocolos internos, canales de denuncia o mecanismos claros para enfrentar conflictos laborales, pese al endurecimiento progresivo del estándar regulatorio y judicial.
“El problema es que muchas veces las empresas reaccionan cuando el conflicto ya explotó. Y en empresas pequeñas, una demanda laboral puede afectar directamente la operación, la reputación e incluso la continuidad del negocio”, agrega.
Especialistas sostienen que el nuevo escenario obliga a muchas empresas a revisar no solo sus protocolos internos, sino también la forma en que están contratando y gestionando relaciones laborales que históricamente operaban en zonas grises.
Fuente: Pilu Comunicaciones.