Los deepfakes, videos o audios creados con inteligencia artificial que imitan rostros o voces con sorprendente realismo, no son un problema exclusivo de la política o de la actual campaña presidencial en Chile. Lo cierto es que cualquier persona puede verse afectada: audios en WhatsApp con la voz clonada de un familiar para pedir dinero, videos falsos de celebridades que promocionan productos inexistentes o montajes que dañan la reputación de estudiantes.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Estudios recientes advierten que en Chile los fraudes con audios y videos alterados aumentaron un 125 % en un año. A nivel global, investigaciones reportaron un 704 % de alza en ataques de “cambio de rostro” en 2023. El impacto es tangible: pérdida de dinero, daño a la honra, afectación de la salud mental y erosión de la confianza pública.
Si bien Chile ha avanzado en la regulación de la ciberdelincuencia, aún existen desafíos. Sobre todo, desde el punto de vista de las capacidades técnicas del Estado para fiscalizar y perseguir ciberdelitos. Sabiendo que la normativa difícilmente cubra todos los aspectos o nuevos tipos de delitos que se puedan cometer, la primera defensa está en la ciudadanía: aprender a reconocer señales de manipulación, desconfiar de lo sospechoso y cortar la cadena antes de compartir. Porque si normalizamos la mentira digital, lo que se pone en juego no es solo la política: es la confianza en nuestra vida diaria.
Atentamente,
Óscar Riquelme
Enterprise Solutions Consultant, SoftServe Chile
Fuente: Corpo.