La Bancada de Senadores del Partido Socialista ingresó a la Contraloría General de la República una solicitud con el objetivo que éste órgano declare que las instituciones privadas de salud con convenios con servicios de salud no puedan ejercer la objeción de conciencia para la interrupción del embarazo en tres causales.
Recordemos que tras la ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del embarazo en Tres Causales, de septiembre de 2017, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dictó un Protocolo para estos efectos, que establecía los límites para la objeción institucional de conciencia.
Sin embargo, el nuevo gobierno dictó un nuevo protocolo, que pretende, mediante una modificación, que las instituciones privadas, aún con convenios celebrados con servicios públicos, puedan objetar conciencia.
El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, manifestó que con esta modificación el Gobierno pretende “burlar el sentido y la base de por qué se aprobaron las leyes, evitando el debate de la ciudadanía. Las leyes aprobadas deben cumplirse y no es forma idónea aprobar el sentido de una ley evitando el debate con los demás parlamentarios”.
Por su parte, el jefe de bancada y senador Rabindranath Quinteros, explicó que “hemos hecho una presentación al Contralor por el protocolo de objeción de conciencia. Nos basamos en el decreto con fuerza de ley del año 80 que indica que tanto las clínicas privadas como establecimientos de salud pública que reciben recursos del Estado no pueden hacer uso de la objeción de conciencia”
Mientras tanto, la senadora Isabel Allende dijo que lo ocurrido “es una vulneración para muchas mujeres y desde 1980 se decretó que las instituciones de salud privadas deben regirse por el mismo protocolo que las instituciones públicas”.
El senador Alfonso De Urresti enfatizó que “claramente el Presidente Piñera hace su primera pillería al saltarse la fila. Los controladores impiden realizarse el aborto en tres causales a miles de mujeres. No puede ser que por una parte reciban fondos públicos y que por otra parte se nieguen a atender a mujeres en algo que se ganó en democracia, que se ganó por mayoría”.
Finalmente, el senador José Miguel Insulza comentó que “hay una ley de 1980 y por lo tanto prohíbe a los servicios públicos hacer lo que les está autorizando este decreto. Entonces pedimos que se respete la ley, nada más”, aclaró.
Por lo anterior, el escrito de la bancada de senadores PS busca que la Contraloría dictamine que“las instituciones privadas que celebren convenios con los Servicios de Salud, en virtud del DFL 36 de 1980 no podrán objetar conciencia, por encontrarse bajo el régimen jurídico, respecto de las obligaciones que establece la ley, propio de los Servicios Públicos de Salud”.
Fuente: Prensa senadores PS.