La protección del usuario, la recaudación de impuestos y la formalización de las
plataformas marcan el consenso para destrabar la regulación.
El inicio del campeonato nacional de fútbol ha puesto nuevamente de relieve una realidad que
se ha consolidado en los últimos años: la mayoría de los clubes nacionales están patrocinados
por plataformas de apuestas en línea. Este escenario coincide con un momento clave en la
tramitación legislativa del proyecto de ley que busca regular esta industria, actualmente en su
segundo trámite constitucional en el Senado.
Durante una reciente conferencia de prensa, en el marco de la discusión sobre el
financiamiento y control del fútbol profesional, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió
a la importancia de este marco regulatorio, afirmando que “la ley nos permitirá realizar más
verificaciones, pero no tenemos las herramientas para profundizar. Todo está en un proceso de
regularización”, explicó, aludiendo a que este es un mercado que se encuentra actualmente en
pleno proceso normativo.
Por su parte, el diputado electo por el Partido de la Gente, Patricio Briones, en declaraciones
recogidas por el medio La Razón, planteó una visión crítica pero constructiva sobre la situación
actual. Según Briones, “vemos cómo las casas de apuestas online siguen siendo el sponsor
principal de casi todos los clubes”, y advirtió sobre los riesgos de operar en un escenario de
incertidumbre jurídica. No obstante, el parlamentario fue enfático al señalar que la solución no
es la exclusión: “Como deportista y diputado electo, creo que no podemos tener una actividad
que se dice profesional operando en un vacío legal (…). Necesitamos transparencia total en el
deporte chileno, pero acá no se trata solo de prohibir por prohibir, sino de regular, establecer
cargas tributarias justas y, sobre todo, asegurar que el financiamiento del deporte sea ético y
legal”, sentenció.
El reinicio de la actividad legislativa en marzo aparece como un punto de inflexión para la
iniciativa, tanto para la nueva administración como para el ciclo parlamentario entrante. Tras su
aprobación en general por la Sala del Senado en agosto de 2025, se consolidó un consenso
transversal sobre la necesidad de regular esta industria. Sin embargo, desde entonces la
tramitación ha permanecido sin avances sustantivos en las comisiones técnicas encargadas de
su estudio en particular.
Dentro de los múltiples aspectos que aborda la propuesta, destaca una sección específica
sobre publicidad y patrocinio. De avanzar la iniciativa, una vez entrada en vigencia la ley, solo
podrán realizar acciones publicitarias aquellas plataformas que cuenten con una licencia de
operación vigente. Esta exigencia apunta a establecer un criterio objetivo de diferenciación entre operadores regulados y no regulados, brindando a los usuarios herramientas claras para
distinguir las plataformas que operan bajo el marco regulatorio nacional.
Asimismo, el proyecto establece que toda publicidad debe estar alineada con la Política
Nacional de Apuestas Responsables y “advertir, de manera clara y precisa, que se trata de un
servicio para mayores de 18 años y de los riesgos derivados de la actividad”. Estas
disposiciones buscan compatibilizar el desarrollo de la industria con estándares de protección
al consumidor, beneficiando también a los propios operadores, quienes ven en el marketing
una arista estratégica de la industria que requiere seguridad jurídica.
Esta búsqueda de certeza regulatoria va de la mano con el potencial de la industria para
generar ingresos públicos sostenibles. En este sentido, el proyecto de ley actualmente en
discusión requiere ajustes significativos, particularmente en términos de su marco tributario.
Cargas impositivas excesivas y una regulación mal diseñada corren el riesgo de hacer que el
mercado sea poco atractivo para los operadores legítimos, limitando la inversión, la innovación
y el cumplimiento a largo plazo. Los expertos señalan que los modelos tributarios competitivos
son esenciales para construir un mercado legal viable, capaz de maximizar la recaudación
fiscal y asegurar, al mismo tiempo, una protección efectiva al consumidor. Marcos regulatorios
exitosos en mercados emergentes como Perú y Brasil, que aplican una tasa del 12%,
demuestran cómo condiciones equilibradas pueden fomentar la participación empresarial y
entregar resultados positivos para el Estado.
Bajo esta misma lógica, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, destacó en un
artículo publicado por Emol que, entre las medidas necesarias para aumentar la recaudación,
se debe considerar “el proyecto de ley que regula las apuestas en línea, hoy en el Senado y
que, de modificarse hacia una regulación moderna, pro-consumidor y pro-mercado, generaría
sustantivos ingresos frescos para las alicaídas arcas fiscales”.
El volumen de esta industria en Chile se convierte en una realidad ineludible. Datos de la
herramienta de análisis Ahrefs revelan que las búsquedas directas de casas de apuestas
superan los 2,4 millones mensuales en Google desde Chile. Esto representa un crecimiento
sostenido cercano al 10%. Esta cifra es un indicador claro del alto interés digital por este tipo de
plataformas entre la población chilena.
Ante este escenario, tanto la industria como diversos sectores técnicos coinciden en la urgencia
de avanzar hacia una ley que se ajuste a los estándares internacionales de los países de la
OCDE. El inicio de este nuevo ciclo legislativo abre una ventana concreta para destrabar una
regulación largamente postergada. Esto no solo contribuiría a ordenar un mercado que hoy
opera en un vacío legal, sino que también proporcionaría protección y certeza a millones de
usuarios en el país.
Fuente: viacentral.