El financiamiento municipal ha estado en la palestra pública. En primer término, a propósito del impuesto territorial (o contribuciones) y la polémica que se ha generado en torno a cómo el SII determina los avalúos fiscales y la necesaria transparencia que amerita aquel proceso y, en segundo término, a propósito de los recursos que los municipios están recibiendo tras la aprobación de la nueva ley del royalty minero, por medio de los fondos creados especialmente para estos efectos. Específicamente, en 2024 y vía un anticipo de esos recursos a través de la ley de presupuestos para dicha anualidad, se entregaron del orden de 93 mil millones de pesos a 307 municipios de todo el país (incluyendo a comunas mineras y comunas más dependientes del fondo común municipal), recursos que en 2025 se proyecta que aumenten a más del doble, alcanzando 218 mil millones de pesos.
Aprovechando que la Ley N°21.591 sobre el Royalty a la Minería, establece el deber de las municipalidades de reportar trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos, y que la Ley de Presupuestos para el año 2024 estableció la obligación, para los municipios, de publicar en sus sitios de transparencia activa dichos reportes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización con el objeto de monitorear el cumplimiento de la normativa de transparencia y caracterizar la recaudación y el destino de estos recursos.
Dentro de los principales hallazgos de la investigación para el período 2024, se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias del Fondo de Equidad Territorial y/o Fondo de Comunas Mineras (187) no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los referidos reportes. El análisis reveló, además, respecto de las principales imputaciones presupuestarias, que solo un 37% de los recursos se destinó a iniciativas de inversión, mientras que un 23% a compra de bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, algunas de las cuales no son fácil de rastrear, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.
Los resultados no dejan de ser preocupantes, pero mucho más inquietante es el panorama para este año. Por una parte, se mantiene el amplio espacio para la discrecionalidad en el uso de estos recursos y, por la otra, la Ley de Presupuestos para el año 2025 no mantuvo la obligación de las municipalidades de publicar en transparencia activa los reportes de uso de estos recursos que deben enviar a la SUBDERE. Por ello, este año solo los conoceremos en marzo de 2026, cuando ésta los publique, en vez de ir llevando el control trimestral, a través de transparencia activa, tal y como lo estableció la Ley de Presupuestos para el año 2024.
Dada esta doble debilidad institucional, el llamado es tanto a las municipalidades para que proactivamente transparenten estos reportes y rindan cuenta del uso de estos recursos, de manera que la ciudadanía pueda evaluar si se están destinando adecuadamente, como a los legisladores para que revisen estas falencias y ellas puedan ser corregidas en la legislación aplicable.
La discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2026 presenta una oportunidad de mejora para incluir, nuevamente y como en 2024, obligaciones periódicas de transparencia activa para los municipios que reciben estos recursos. Sin embargo, tanto la transparencia activa en la materia aplicable a los municipios, como la eventual revisión que el Congreso pudiera hacer para orientar el uso de estos fondos preferentemente a iniciativas de inversión y desarrollo, debieran ser abordadas como cuestiones propias de la legislación de carácter permanente.
Natalia González Bañados
Presidenta del Consejo para la Transparencia
Fuente: CPLT