- “El lucro es una práctica que por tantos años hemos intentado erradicar, sin embargo, cuando ya estaba todo consensuado el Tribunal Constitucional decide lo contrario. Es un retroceso que generará un tremendo daño al país”, advirtió el Rector de la U. de Santiago de Chile tras conocida la decisión de declarar inconstitucional el artículo 63 del Proyecto de Ley de Educación Superior.
Santiago, 27 de marzo de 2018. Luego que se confirmara la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), de declarar por seis votos contra cuatro la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de Ley de Educación Superior, que prohíbe que personas jurídicas con fines de lucro se desempeñen como controladores de instituciones de educación superior, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, manifestó su preocupación respecto del futuro de la educación pública del país.
“Esto demuestra la urgente reforma que requiere el Tribunal Constitucional en cuanto a sus competencias, pues es inadmisible que un organismo público de este carácter revierta la decisión democrática de los integrantes del Congreso, quienes fueron elegidos por la ciudadanía para legislar”, cuestionó la máxima autoridad de la Universidad de Santiago.
Considerando que según la decisión del TC el artículo 63 transgrede el derecho establecido en la Constitución, respecto de la libertad de enseñanza y organización, el Rector Zolezzi lamentó que con esta decisión se permita el lucro en el sistema de educación superior.
“Es una práctica que por tantos años hemos intentado erradicar, sin embargo, cuando ya estaba todo consensuado el Tribunal Constitucional decide lo contrario. Es un retroceso que generará un tremendo daño al país”, advirtió.
En esta línea, el Rector Zolezzi recordó que en el marco de las discusiones legislativas en torno al tema, el proyecto de ley fue revisado por tres secretarías técnicas en la Cámara de Diputados y otras tres en el Senado. “En cada una de esas instancias se ratificó de manera unánime que su aprobación requería sólo de mayoría simple y no de quórum calificado, como plantea el Tribunal Constitucional”.
Asimismo, criticó que el pronunciamiento del Tribunal surgiera a partir del requerimiento que presentara en enero la Corporación de Universidades Privadas. “Los intereses de unos pocos terminan por imponerse por sobre el bien común, especialmente de aquellos estudiantes y sus familias que aspiran a una educación de la más alta calidad posible”, advirtió la autoridad.
Por último, la autoridad universitaria manifestó que ante la eventual posibilidad de revertir este proceso, confía no sólo en la decisión presidencial, debido a la sensibilidad que ha evidenciado respecto de la educación pública, sino también en los parlamentarios.
Fuente: Comunicaciones U. de Santiago de Chile.