En el documento de la Dirección de Presupuestos (Dipres) se solicita descontinuar al menos 24 programas, muchos de los cuales impactan directamente en la atención primaria de salud (APS) y en grupos vulnerables.
Polémica generó la filtración de un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras del Gobierno generó un fuerte debate en torno al Presupuesto 2027.
Según reveló The Clinic, en el documento de la Dirección de Presupuestos (Dipres) se solicita descontinuar al menos 24 programas, muchos de los cuales impactan directamente en la atención primaria de salud (APS) y en grupos vulnerables.
Entre las iniciativas señaladas para su eliminación se encuentran el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el Plan Nacional de Demencia, y los programas de Cuidados Paliativos Universales en APS, entre otros.
Por otro lado, existen decenas de programas que podrían tener reajustes de presupuesto, como la prevención del VIH-SIDA e infecciones por ETS, atención domiciliaria de personas con dependencia severa, atención integral al desarrollo infante adolescente, entre otros.
Tras la filtración, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile manifestó su rotundo rechazo a las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y a las disposiciones del programa de Reconstrucción Nacional. Según el gremio, estas medidas implican recortes críticos que afectarían directamente al acceso a los tratamientos de salud mental en la Atención Primaria de Salud (APS).
“El resultado sería el desmantelamiento total de la cobertura estatal en salud mental, reduciendo a cero la presencia del Estado en este ámbito en el nivel de atención primaria”, dijeron desde la institución.
Para dimensionar el impacto de los programas preventivos que Hacienda busca recortar, basta mirar los registros oficiales. La Estadística Anual del Ministerio de Salud de 2024 consignó un total de 1.984 muertes por suicidio. Como contraste, el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados de 2025, muestra que los homicidios se cobraron la vida de 1.091 personas.
Es por esta razón que desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile sostuvieron que “recortar la atención en salud psicológica no es simplemente eliminar una línea presupuestaria: es transferir costos desde el Estado hacia las familias, y especialmente hacia aquellas que menos recursos”.
Los problemas mentales no son individuales
Para profundizar en las implicancias técnicas y sociales de estos posibles recortes, Diario Usach consultó a Antonio Letelier, psicólogo clínico y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago.
Según Letelier, la salud mental en Chile ya atraviesa un escenario crítico que se ve agravado por la falta de una “ley articulada” y plataformas de atención que califica como “ya precarias”.
Respecto al impacto directo de reducir el financiamiento en la Atención Primaria (APS), Letelier fue tajante: “El reajuste o recorte de estos programas deja abierta y profundiza una inequidad estructural que despoja a la población de herramientas basales para el abordaje de la salud mental”. En su análisis, el académico advirtió que el país enfrentará consecuencias sistémicas, asegurando que “se producirá un aumento en la carga de enfermedad país, asociada a la salud mental”.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por el psicólogo clínico es el debilitamiento del primer nivel de atención, el cual cumple un rol fundamental de contención. Sin este filtro, el sistema secundario y terciario se verá sobrepasado. “A mediano plazo, esto también puede traducirse en una saturación de las urgencias psiquiátricas o un aumento en la demanda de hospitalización, que ya es problemático en Chile”, explicó Letelier.
Sobre el rol del Estado, el psicólogo enfatizó: “Es importante la incidencia del Estado precisamente porque los problemas de salud mental no responden a una variable meramente individual. No es que algo ‘falle’ o se enferme en el individuo”.
“La salud mental está atravesada precisamente por variables socioeconómicas, inequidades y violencias estructurales, falta de redes de apoyo y desconocimiento de derechos básicos”, añadió Letelier.
Finalmente, el experto hace un llamado a la coherencia política y financiera. Advierte que si se aborda el problema fuera de un enfoque de derechos, se le quita sustento a la actual Ley 21.331.
“Es imposible desligar la salud mental de un enfoque comunitario, territorial, que se debe sustentar en políticas públicas coherentes y que encuentren no solo la intención de los gobiernos, sino que encuentren sistemas de financiamiento garantizables”, concluyó.
Fuente: Usach.