PS amplía querella y apunta a responsabilidad penal de Penta

  • El diputado Juan Luis Castro recalcó que “existía una organización, un modelo empresarial que permitía que hubiera influencia sobre funcionarios públicos y políticos. Eso capítulo a capítulo se ha ido configurando como un hecho que involucra al conjunto de la empresa, partiendo por sus dueños”.

 

A las 10.30 horas la Bancada PS presentó en el 8vo Juzgado de Garantía la ampliación de la querella que el pasado 13 de octubre interpuso en el marco del caso Penta.

 

En representación de la bancada concurrieron los diputados Juan Luis Castro, Leonardo Soto y el abogado Enrique Aldunate, quien explicó que la acción legal apunta a la responsabilidad penal de Penta por los sobornos cometidos.

 

Asimismo el libelo  señala cohecho agravado en el caso de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y en el capítulo que vincula al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, por haber recibido pagos de la empresa Penta para presuntamente impulsar unos de los proyectos de la firma ligado a la minería.

 

“Hay una concreción de los ilícitos que se presentaron preliminarmente y la querella se refiere a los delitos de cohecho agravado cometidos por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que intervinieron operaciones tributarias vinculadas a las empresas Penta”, explicó Aldunate.

 

El abogado añadió que la querella “se refiere también a los sobornos o cohecho activo que cometen los particulares, en relación a entregar beneficios a funcionarios públicos a cambio de que infringir deberes del cargo. Pero también vinculado al capítulo del subsecretario de Minería Pablo Wagner, que habría recibido diversos ingresos por parte de Penta en relación a los negocios que la empresa estaba desarrollando en el ámbito de la Minería”.

 

“Estas dos figuras habilitan que funcione el mecanismo previsto en la ley 20.333 sobre responsabilidad penal de la persona jurídica . Acá la empresa Penta ha faltado a los deberes de dirección y supervigilancia respecto de sus funcionarios y ha posibilitado la concreción de delitos de soborno que han generado todos estos ilícitos”, agregó Aldunate.

 

Tráfico de influencias

 

A su turno el diputado Castro recalcó que “existía una organización, un modelo empresarial que permitía que hubiera influencia sobre funcionarios públicos y políticos. Eso capítulo a capítulo se ha ido configurando como un hecho que involucra al conjunto de la empresa, partiendo por sus dueños”.

 

“Es un hecho cierto que esta ampliación busca saber con claridad hasta dónde pudo haber existido tráfico de influencias en la votación de determinados proyectos de ley en el Congreso”, destacó el parlamentario.

 

Castro, como miembro de la comisión de Salud, recalcó la gravedad de los antecedentes que se conocen sobre llamado de unos de los dueños de Penta al presidente de la UDI, Ernesto Silva, para pedir su “ayuda” de la cara a la tramitación de la ley de Isapres.  

 

“Habrá que aclarar hasta dónde influyó Penta en la Ley de Isapres, que tuvo una defensa férrea de la UDI. En el Congreso impedimos que esa ley avanzara pero ignoramos qué otros alcances hay, hasta donde la relación ideológica logró permear en el Congreso Nacional”, aseveró.

 

El diputado Leonardo Soto se refirió a la posibilidad de que los parlamentarios involucrados en la investigación concurran a declarar. En este sentido aseguró que podrían presentarse en tribunales sin necesidad de ser desaforados, pues el Código Procesal contempla esa posibilidad.

 

“Nosotros esperaríamos que vayan voluntariamente a declarar debido a los numerosos antecedentes que hay”, dijo.

 

Fuente: Prensa Bancada PS.