Con esta Ley, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en contar con una normativa de este tipo.
La Mandataria recaló que “las tareas de protección del medio ambiente, de combate al cambio climático y de protección contra sus efectos nocivos más urgentes, tienen que ser responsabilidad de todos, porque amenazan nuestro futuro y el de los que vendrán después”.
Hasta la empresa Fromm, en Quilcura, llegó esta mañana la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los ministros del Medio Ambiente, Pablo Badenier, y de Salud, Carmen Castillo, para promulgar la Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor, que permitirá establecer una política pública eficiente en el manejo de residuos. Con este hito, Chile da un paso histórico, al convertirse en el primer país de Latinoamérica en contar con una legislación de este tipo. La nueva normativa permitirá aumentar las tasas de reutilizamiento en el país –que actualmente es del 10%-, disminuyendo así el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y vertederos, promoviendo un cambio cultural en la materia.
En la oportunidad, la Mandataria se refirió a lo relevante de este paso en la protección del medio ambiente, enfatizando que “es muy importante lo que estamos haciendo hoy día, porque nos va a permitir ir generando ese cambio cultural que necesitamos (…) Lo que estamos haciendo, al promulgar esta ley, es asumir la responsabilidad que todos tenemos en el manejo de residuos, desde los hogares hasta el Estado, pasando por las empresas”.
Para ello, se regulan seis productos prioritarios: aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; baterías; pilas; envases y embalajes; y neumáticos. Quienes produzcan o importen estos bienes deben hacerse cargo de ellos una vez que terminan su vida útil, volviendo a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución.
Por otro lado, los ciudadanos serán parte fundamental de la cadena de reciclaje y deberán separar y entregar el residuo de un producto prioritario a un gestor, contratado por un sistema de gestión.
Sobre esta responsabilidad compartida, la Jefa de Estado subrayó que “las tareas de protección del medio ambiente, de combate al cambio climático y de protección contra sus efectos nocivos más urgentes, tienen que ser responsabilidad de todos, porque amenazan nuestro futuro y el de los que vendrán después”.
En este sentido, agregó que “ese es, justamente, el sentido de la ley que estamos promulgando hoy día: coordinar y sistematizar los esfuerzos de todos los actores de la sociedad, para reducir la contaminación y, de paso, dinamizar la economía”.
La Jefa de Estado detalló que se generará una industria del reciclaje, que permitirá la creación de empleos verdes, emprendimientos relacionados con el reutilizamiento y la formalización de más de 60 mil recicladores de base, quienes contarán con una definición especial que les reconocerá como gestores para la Ley de Fomento al Reciclaje y tendrán que certificarse en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
Por su parte, desde los municipios se podrán celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base. La Ley les permitirá pronunciarse sobre solicitudes de permiso para establecer la instalación y/u operación, de sitios de recepción y almacenamiento de productos. Además, tendrán la obligación de separar los residuos en origen, y promoverán la educación ambiental, diseñarán e implementarán estrategias de comunicación, sensibilización, y medidas de prevención.
Adicionalmente, establece nuevas competencias al Ministerio para la gestión de residuos: certificación, rotulación y etiquetado; sistema de depósito y reembolso; ecodiseño; mecanismos de separación en origen y recolección selectiva; mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos; y mecanismos para prevenir la generación de residuos.
Asimismo, dicha cartera deberá implementar y gestionar un sistema de registro y plataforma de información; revisar y autorizar planes de gestión; diseñar e implementar programas de educación ambiental; fiscalizar a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual podrá aplicar sanciones que contemplan amonestaciones por escrito y multas de hasta 10 mil UTA ($5.475.960.000), para productores e importadores.
Al término de su discurso, la Presidenta Bachelet hizo hincapié en que cumplir con las metas de reciclaje será responsabilidad de las empresas y de los ciudadanos, por lo que llamó “a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos: lo que hacemos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros lugares de estudio repercute en la naturaleza, afecta el medio ambiente, a nuestras familias, a nuestras vidas y las de las futuras generaciones”.
Fuente: Prensa Presidencia de la República de Chile.