—Claudio Pino Ponce, Gerente de Soluciones Gubernamentales en SICPA
En agosto pasado, se decomisaron cerca de 10.000 productos farmacéuticos en una sola feria de la región Metropolitana. La noticia y la cifra impresiona, pero no sorprende. Según un análisis del Instituto de Salud Pública (IPS) publicado este año, entre 2021 y 2022 el decomiso de fármacos vendidos de forma no regulada se incrementó en un 1000%, aumentando en un 400% los robos a camiones que transportan productos farmacéuticos, e incautándose más de 10.000.000 de dosis durante este periodo.
El problema es grave y está fuera de control. Entonces ¿qué estamos haciendo por detener este problema? La autoridad sanitaria realiza fiscalizaciones, pero los recursos con los que cuentan para esta tarea no son suficientes y la legislación actual tampoco presenta soluciones coherentes con la magnitud del desafío.
Y es que la normativa actual permite perseguir como delito sólo la comercialización ilícita de medicamentos sujetos a control legal, como es el caso de los psicotrópicos y estupefacientes, quedando al margen la detención y penalización de la venta de otros medicamentos por vías no autorizadas.
Además de las consecuencias que puede desencadenar la venta ilegal para la seguridad de los consumidores -lo que por sí sólo representa un problema gravísimo ya que una persona podría morir por culpa de un medicamento falsificado- la ausencia de soluciones rápidas y concretas resulta también en una pérdida significativa de ingresos para el Fisco.
Un problema de salud pública y de pérdida de recursos que se puede gestionar eficientemente con tecnología. La integración de blockchain en documentos cuya autenticidad debe ser protegida y comprobada es una buena medida para potenciar el Sistema Nacional de Receta Electrónica. Una preocupación importante para el Ministerio de Salud en el marco del proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal, cuya discusión acaba de ser despachada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la Cámara de Diputados.
Además, hoy existen herramientas que permiten monitorear las cadenas de suministro, marcando, rastreando de manera única los productos y autenticándolos de forma segura a través de códigos, tintas y sellos, lo que proporciona total visibilidad a las autoridades que buscan reducir las prácticas comerciales ilícitas, como la falta de declaración, la evasión fiscal, el contrabando, la falsificación y la distribución de productos no autorizados. Esto sumado al valor que agregan estas herramientas a los consumidores, quienes pueden fácilmente diferenciar los productos auténticos de los falsos. Ejemplos exitosos de esto ya existen en el tabaco y los alcoholes.
Si la legislación actual no puede garantizar control para fiscalizar y mitigar la venta ilegal de todos los medicamentos, la tecnología puede darnos esa certeza. La respuesta está a nuestro alcance: las innovaciones y herramientas existen y nos permiten tomar medidas audaces, preventivas y a tiempo, para preservar la salud pública y los recursos fiscales. No implementarlas, implicaría una amenaza no sólo a la salud pública, sino a la anhelada economía de la confianza que funciona como catapulta de transparencia y seguridad para nuestra sociedad.
Fuente: Corpo.